Los seres humanos somos predecibles. Ante una amenaza como el coronavirus, los más habilidosos entre nosotros, en cualquier parte del mundo, acaparan insumos fundamentales para enfrentar las afectaciones venideras.
Así pasó en los Walmart de Estados Unidos, en las tienditas italianas y, por supuesto, en los supermercados y farmacias panameñas.
A la conducta normal del acaparamiento, un aumento súbito de la demanda, lo acompaña un aumento del precio de la oferta; de allí la especulación.
Lo que nos separa de los países desarrollados es que allá está prohibido subirle el precio a los bienes y servicios en medio de un desastre natural, disturbios civiles o una crisis como la del coronavirus. Este fenómeno tiene un nombre anglosajón sumamente peyorativo: Price Gouging. Esta conducta es penada severamente, incluso con la cárcel.
En Panamá, desde el poscarnaval se venía notando una conducta de acaparamiento de mascarillas, guantes, vitamina C, alcohol, jabones y otros productos. Incluso, el saco de naranjas duplicó su precio ante la falsa creencia de que una recarga súbita de vitamina C, en unas cuantas semanas, podía subsanar su ausencia por años en la dieta del consumidor y evitar el coronavirus.
Antes de que se anunciara el primer caso, el pasado lunes 9 de marzo, ya las redes sociales estaban cargadas con denuncias y reclamos contra los acaparadores y los especuladores.
Durante el quinto día de la presencia oficial de casos de Covid-19, se emitió el Decreto Ejecutivo 114 del 13 de marzo del 2020, que establece una rara fórmula de control de precios de los productos más buscados por los consumidores.
Normalmente, en un decreto de control de precios se establecen precios fijos como topes máximos para la venta al público. Pero pareciera que, quizás por la multiplicidad de productos, diversidad de marcas, pluralidad de importadores y fabricantes y el infinito número de puntos de venta, se prefirió la opción de establecer un porcentaje máximo de margen de comercialización: el 23%. No es el 22% ni el 24%.
Uno puede buscar en todo el Decreto y no hay una justificación técnica para este monto. Parece, más bien, una decisión tomada de consenso con el sector empresarial. Eso, casi podría calificar como un cartel que impone sus precios al mercado.
El Decreto Ejecutivo también “obliga” a los comercios a tomar medidas contra el acaparamiento de estos productos, sin decir cuánto se puede llevar cada cliente, dejando esta decisión a cada negocio. Se le deja a la Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) la responsabilidad de hacer cumplir la norma.
Sin embargo, todo parece bien intencionado, salvo que, en víspera de la quincena, el Decreto Ejecutivo no entrará en vigencia hasta 48 horas después de su publicación. Esto significa que este fin de semana seguirá el acaparamiento y la especulación. El lunes ya veremos.