En medio del constante reclamo ciudadano por la necesidad de acciones para hacerle frente al crimen y garantizar la seguridad en las calles del país, llega a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que establece la política criminológica de Panamá.
La iniciativa, presentada al Legislativo por el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, establece que la política criminológica se fundamentará en nueve estrategias, entre ellas, la participación ciudadana, con la inclusión de la ciudadanía en las actividades de prevención del delito. Aquí menciona las alternativas de resolución de conflictos, la mediación y el arbitraje, entre otros.
2021 cerró con 554 homicidios, 54 más que en 2020 (11% más). En la provincia de Panamá, según estadísticas del Ministerio Público, se registraron 189 asesinatos, 7% más que en 2020, cuando hubo 176.
Y más complejo aún es el caso del distrito de San Miguelito, donde el año pasado se cometieron 106 crímenes, 51% más que en 2020, cuando se registraron 70.
Una secretaría para atender la política contra el crimen
El proyecto de ley que establece la política criminológica en Panamá le daría vida a la Secretaría Ejecutiva de la Política Criminológica, una oficina que estaría adscrita al Ministerio de Seguridad Pública (Minseg).
Esta entidad, de acuerdo con el proyecto de ley, sería la encargada de recomendar y orientar al ministro de Seguridad Pública sobre los proyectos, planes y programas de prevención contra el crimen en el país.
La iniciativa legislativa fue presentada a la Asamblea Nacional a finales de enero pasado por el ministro de Seguridad, Juan Pino.
De acuerdo con el proyecto, la mencionada secretaría tendría 13 funciones, entre ellas, asesorar al Ministerio de Seguridad, elaborar el plan de política criminológica y recopilar y evaluar anualmente las estadísticas de criminalidad proporcionadas por el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales, y los temas relacionados.
Además, asesorar al Ministerio de Gobierno para establecer políticas públicas orientadas a la “rehabilitación integral de los privados de libertad”.
Otra de sus tareas sería proponer la creación de instituciones de investigación y observatorios que fortalezcan la actualización y el desempeño de la política criminológica.
La máxima autoridad de este despacho sería el secretario, funcionario nombrado por un periodo de siete años, y para optar por dicho cargo se debe contar con, al menos, 10 años de experiencia en el ámbito profesional o académico de la criminología.
Las estrategias
Según el documento, que consta de 23 artículos, la política criminológica del Estado estará fundamentada en nueve estrategias.
Ellas son: prevención, seguridad ciudadana, respeto a los derechos humanos, justicia social, desarrollo humano, participación ciudadana, educación para la cultura de paz, relaciones pacíficas comunitarias y rehabilitación y reinserción social.
En lo que concierne a participación ciudadana, el proyecto de ley habla de “participación comunitaria en las estructuras políticas y sociales”. También menciona la inclusión de la ciudadanía en las actividades de prevención del delito y la adopción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, entre otros.
En la exposición de motivos de esta propuesta legislativa, que espera primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales –que preside el diputado perredista Víctor Castillo–, el ministro Pino reconoce “la preocupación de la sociedad por los altos índices de hechos violentos y delitos en sus diversas manifestaciones”, y hace reflexionar a los diputados sobre “la manera correcta de abordar esta problemática, que durante años ha causado intranquilidad, desasosiego, luto y dolor en la sociedad panameña”.
El escenario que plantea Pino en el documento es consecuente con los números del crimen. De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, 2021 acabó con 554 homicidios, 54 más que en 2020, cuando hubo 500, lo que representa un incremento de 11%.
Pero el caso de San Miguelito pone a sonar las alarmas. El año pasado en ese distrito se cometieron 106 crímenes, 51.4% más que en 2020, cuando se registraron 70.