La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró constitucional que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) incursione en negocios complementarios, como puertos y logística, pero debido a la urgencia de contar con más fuentes de agua para consumo humano y las operaciones de la vía, la administración confirmó que la prioridad es el programa hídrico.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, para sustentar el presupuesto para el año fiscal 2022, el administrador Ricaurte Vásquez dijo que la entidad colabora con el Estado facilitando información para poder desarrollar esos negocios, aunque no los ejecute el Canal.
Vásquez explicó que la ACP ya ha suministrado estudios a través del Gabinete Logístico.
Igualmente, la junta directiva de la ACP aprobó el acuerdo 382 del 22 de abril de 2021, para permitir que la ACP realice actividades complementarias al funcionamiento del Canal, como dragado, generación de energía, procesamiento de agua, telecomunicaciones, actividades logísticas y portuarias.
“En fallo del pleno de la CSJ sobre demanda de inconstitucionalidad [marzo de 2019], se reconoció la facultad de la ACP para realizar actividades portuarias y logísticas, validándose así las normas legales adoptadas por la junta directiva de la ACP”, comentó a este diario el ministro para Asuntos del Canal, Aristides Royo.
