Las Islas Vírgenes Británicas y el Reino Unido firmaron un acuerdo bilateral para compartir información sobre las sociedades y sus beneficiarios finales, acerca de todas las entidades que se registren en ambas jurisdicciones.
La información, según el compromiso, deberá ser almacenada en un servidor seguro que permita que sus autoridades puedan acceder a esta [información] de ser requerida. Este sistema deberá ser implementado antes del 30 de junio del próximo año.
Los datos, según el acuerdo, deberán ser entregados a la jurisdicción solicitante en un plazo menor de 24 horas. Sin embargo, si el requerimiento se hace con “urgencia”, la información debe entregarse en menos de una hora.
“El compromiso entre los gobiernos del Reino Unido y de las Islas Vírgenes Británicas es una demostración importante de una asociación dedicada a mejorar la efectividad de la cooperación legal sobre información de sociedades”, afirma el documento.
El acuerdo llega luego de que ambas jurisdicciones, aunque principalmente la de Islas Vírgenes Británicas, fueran cuestionadas por su participación en una investigación periodística global, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en torno a supuestas irregularidades que habría desarrollado la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.
El primer ministro de Inglaterra, David Cameron, fue parte de estas investigaciones, luego de que su padre [Ian] hubiese adquirido una sociedad con esta firma para evitar pagar impuestos en su tierra. En principio, el político afirmó no tener nada que ver con la sociedad, aunque después aceptó que sabía de su existencia e incluso era accionista. Sin embargo, explicó que sus acciones las había vendido.
La revelación ocasionó varias manifestaciones en las calles de Londres, donde exigían que Cameron renunciara. No obstante, el Parlamento británico no abrió ningún tipo de investigación. En su lugar, el primer ministro advirtió que su gobierno implementaría legislaciones más robustas para evitar la evasión de impuestos a través de sociedades ‘offshore’.
MEJOR SISTEMA
“Los participantes de este acuerdo reconocen la importancia de proveer información sobre los beneficiarios finales para prevenir y detectar corrupción, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y del crimen organizado. También, reconocen la importancia de facilitar esta información a las autoridades que lo requieran de forma oportuna y mediante un acceso seguro, a la vez de no informar a las personas vinculadas a las sociedades de la petición”, asegura el acuerdo firmado entre ambos gobiernos.
El documento también se enmarca dentro de los compromisos adquiridos por las Islas Vírgenes Británicas para mejorar su regulación dentro de la industria de creación de sociedades anónimas. Así mismo, destacan la importancia de los acuerdos internacionales que intentan incrementar la supervisión y regulación de esta industria.
Las nuevas medidas implementadas por estas dos jurisdicciones, como precisamente indican en su acuerdo, responden a una tendencia internacional de mejorar la industria de creación de sociedades anónimas que surge como respuesta a las acusaciones de las publicaciones que realizaron 109 medios junto con el ICIJ sobre Mossack Fonseca.
CAMBIOS EN PANAMÁ
Las revelaciones consiguieron que varios países del mundo señalaran a Panamá como responsable por la conducta de esta firma, al no tener una supervisión rigurosa sobre las actividades de sus bufetes.
Incluso, Francia y Alemania salieron al paso al advertir de que si Panamá no tomaba medidas para mejorar esto, el país sería incluido en la lista de paraísos fiscales.
Si bien en un principio el Gobierno panameño se distanció de los cuestionamientos hacia su supervisión de esta industria financiera, hace unos días anunció que se sometería a las exigencias propuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Según esta organización financiera, Panamá debía implementar el intercambio automático de forma bilateral y consistente que adoptarían varios países a partir de 2017 y 2018.
La semana pasada, la canciller y vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, anunció el compromiso del país “completo e inmediato” con estos objetivos durante su presentación ante la Organización de las Naciones Unidas durante su Asamblea General.
“Somos un país seguro y confiable, somos mucho más que publicaciones, somos un país comprometido con la equidad, la transparencia y su vocación de servicio”, manifestó la funcionaria.
Además, destacó que Panamá ha modificado su legislación conforme a los estándares promovidos por los organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional.
De acuerdo con la vicepresidenta, estas acciones han llevado al país “a contar con normas modernas y efectivas, que nos permiten prevenir y combatir la legitimación de dinero ilícito en nuestro centro financiero internacional”.
Durante su gira por Japón, en búsqueda de financiamiento para la línea 3 del Metro, el presidente Juan Carlos Varela confirmó estas medidas como parte de la estrategia de reformas al sistema financiero panameño.
“En el futuro, tendrá que saberse quién es el propietario de una compañía. Si queremos estar en condiciones de proteger los sistemas financiero y legal de nuestro país, tenemos que luchar por una mayor transparencia, y no solo en Panamá, sino también en otros países”, manifestó el mandatario.
“Haré lo que sea necesario para garantizar que nuestros sistemas financiero y logístico no se utilicen con fines ilegales”, añadió.