La Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales, presentado por Uber Panamá Technology, Inc., contra una providencia dictada por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en la que le corre traslado a Travis Cordell Kalanick, representante legal de la empresa, para que conteste una denuncia presentada por un grupo de taxistas.
En un fallo con fecha de 19 de enero de 2017 y bajo la ponencia de la magistrada Ángela Russo, los magistrados de la Corte decidieron no acoger el amparo presentado por Uber Panamá Technology, Inc., bajo el argumento de que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 2615 del Código Judicial, que plantea “que esta acción de Amparo de Garantías Constitucionales puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer...”.
De acuerdo con el fallo, “en este caso no se presentan elementos o indicios de una infracción o inminente vulneración del derecho fundamental o a debido proceso”.
Sostienen que constató que Uber Panamá Technology, Inc., tiene la oportunidad de presentar sus descargos en la denuncia presentada en su contra y aportar los elementos probatorios que estime convenientes para desvirtuar las acusaciones sobre las cuales se fundamenta la queja, por lo que puede ejercer su derecho a la defensa. Igualmente, detalla que en consecuencia ante la falta de gravedad o inminencia de daño, el pleno de la Corte se encuentra vedado para admitir esta acción constitucional.
El dirigente del transporte selectivo “Taxi Cristiano”, Benjamín Reyes, y otras agrupaciones de taxistas han presentado varias denuncias ante la ATTT por la supuesta prestación ilegal del servicio de transporte selectivo por parte de la plataforma Uber.
Reyes informó que una vez agotado el proceso administrativo contra Uber presentarán una demanda de nulidad contra este servicio ante la Corte.