Una importante contribución latinoamericana al derecho constitucional, se consagró en la Constitución mexicana de 1917, que estableció el amparo de garantías constitucionales como un medio de protección de los derechos constitucionales de todas las personas.
Aunque se acogió rápidamente en toda América Latina y en otras partes del mundo, el amparo adquirió diferentes naturalezas, ya que en algunos países se le considera como contraparte del habeas corpus para proteger la libertad corporal de las personas, y en otros, el habeas corpus es considerado como el único verdadero amparo de garantías constitucionales.
En Panamá, el amparo es una institución gemela al habeas corpus, ya que, mientras este último recurso tutela la libertad corporal, el amparo protege las otras libertades y derechos constitucionales.
El amparo de garantías se encuentra regulado en el Código Judicial, desde el artículo 2615 hasta el 2632. Es decir, es una regulación bastante escueta, y se hace necesario recurrir a la jurisprudencia de la Corte Suprema para entender plenamente este recurso.
Así, la Corte Suprema ha dicho que la acción de amparo de garantías “persigue revocar una orden que, por la gravedad e inminencia del daño que representa, requiere de una revocación inmediata”. (fallo del 5 de mayo de 1999).
La Corte ha reiterado este principio numerosas veces, porque es esencialmente el texto del artículo 2615 del Código Judicial. Sin embargo, el énfasis que le ha dado la Corte al amparo, obliga a elaborar la siguiente pregunta: ¿cuál es la amenaza inminente o el daño irreparable que puede causar que la propia Corte Suprema de Justicia mantenga la competencia del caso de los pinchazos? Si la Corte reconoce que ella misma es una amenaza, o que ventilar un caso penal con las máximas garantías constitucionales ante el propio tribunal produce un daño irreparable, parecería una charlatanería constitucional. La Corte está diciendo que ella puede tener la competencia para declararse incompetente, porque de mantener el caso, ella podría causar un daño irreparable.
Más allá de los ampliamente documentados argumentos en favor de mantener la competencia (perpetuatio jurisdictionis, señores magistrados), la chambonada de declinar la competencia no supera un examen de razonamiento jurídico mínimo.
Vale la pena citar una parte del artículo 2630 del Código Judicial “...Tampoco se podrán proponer ni admitir demandas de amparo sucesivas contra el mismo funcionario y contra la misma orden dictada por él...”. El proyecto de fallo elaborado por el magistrado Oydén Ortega, que incluye la declinatoria de la competencia, es la respuesta al “tercer amparo” interpuesto contra la misma decisión del magistrado Jerónimo Mejía.
El amparo de garantías constitucionales es una institución maravillosa cuando se respeta por los jueces y particulares. En caso contrario, es una herramienta para dilatar la justicia.