La fiscalía anticorrupción allanó ayer la sede de la cúpula empresarial peruana en Lima, en el marco de una investigación sobre aportes ilegales a la campaña de la líder opositora Keiko Fujimori en las elecciones de 2011 y 2016, informó el poder judicial.
La diligencia busca “encontrar documentación como facturas, boletas, certificados de donación y cualquier otro vinculados a donaciones, recepción o entrega de dinero que hizo la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) para [la] campaña política de las elecciones 2011 y 2016”, señaló una resolución del Poder Judicial divulgada por la prensa.
La intervención se produce cuando Keiko recuperará su libertad este fin de semana, después de que el Tribunal Constitucional anulara el lunes pasado la prisión preventiva que cumplía desde hace casi 13 meses, por el escándalo de Odebrecht. Investigan a la líder opositora por recibir presuntos aportes ilegales de Odebrecht por $1.2 millones para su campaña electoral en 2011.
El allanamiento lo dirige el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, quien se ha labrado a fuego una reputación de implacable. Los fiscales, que actúan bajo una orden judicial, registran el local de la Confiep, ubicado en el distrito de San Isidro, y buscan “comprobantes vinculados a gastos y compras que realizó el gremio empresarial en dicho contexto [electoral]”.
“Me sorprende. Ya toda la documentación ha sido entregada en su momento”, reaccionó la presidenta de la patronal, María Isabel León, en declaraciones a la prensa. El allanamiento ocurrió mientras la élite empresarial peruana se reune desde el jueves en una cita anual en el balneario de Paracas, a 250 kilómetros al sur de Lima.
La fiscalía procedió a esta intervención luego de que empresarios declararan haber contribuido con más de $4 millones a la campaña de Keiko.
El banquero Dionisio Romero, presidente de Credicorp, uno de las mayores grupos del país, destapó esos aportes cuando reveló hace dos semanas al fiscal Pérez haber dado $3.6 millones a la líder de Fuerza Popular, para financiar su campaña presidencial de 2011.
Es la segunda vez que allanan la sede empresarial. Antes ocurrió en marzo de 2018.
“Justicia sí, excesos no”, ponderó Confiep en su cuenta de Twitter.