Establecer un criterio de selección y no permitir el cobro de salarios y dietas en las juntas directivas de entidades públicas, autónomas y semiautónomas son algunos de los aspectos que plantea el anteproyecto de ley 307, que ya fue acogido por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
La propuesta legislativa establece que solo los servidores públicos podrán ser designados como directores de juntas directivas en entidades del Estado y, además, fija un tope en el monto de las dietas a las que tendrá derecho un director: $250.
Cuatro aspectos
Asimismo, la iniciativa plantea que el Ejecutivo deberá basarse en cuatro criterios a la hora de escoger a estas figuras: independencia, que la persona no tenga alguna incompatibilidad con el cargo, que no tenga conflicto de intereses, y que posea méritos.
Se prohíbe a los ministros y viceministros, diputados, directores, gerentes o jefes de instituciones cobrar salario, gasto de representación o dieta por ejercer esa función. Y quienes sean escogidos para estos puestos deberán presentar una declaración jurada sobre todos los posibles conflictos de intereses, ya sean reales o aparentes. Ese trámite, de acuerdo con el documento, deberá hacerse ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
La propuesta fue presentada por el diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien manifestó que se busca promover las buenas prácticas en las directivas y que se cuiden los recursos públicos. Se acordó que sería debatida durante el próximo periodo legislativo, que empieza el 1 de julio.
Críticas
Recientemente, en medio de la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus, sorpresivamente la Asamblea Nacional nombró al diputado perredista Roberto Ábrego en la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Lo hizo en reemplazo del exdiputado perredista Elías Castillo.
Tanto la sociedad civil, como varios diputados, incluso del oficialista Partido Revolucionario Democrático, cuestionaron que el Gobierno de Laurentino Cortizo nombrara a una sola persona en hasta cuatro juntas directivas.
Es el caso de la perredista Nadia Del Río, funcionaria del Ministerio de la Presidencia, quien fue ratificada en la directiva del Banco Hipotecario Nacional, pero además fue designada en la directiva de la Agencia Panamá Pacífico y en la del Registro Público.
Se calcula que cada una de esas instituciones paga dietas de $500 a sus directivos por cada reunión.
Ser miembro de una junta directiva de una entidad del Estado o de capital mixto en Panamá, además de las dietas, da poder de decisión en temas relevantes y contactos al más alto nivel, entre otros beneficios.