En lo que corre de este año, las autoridades del Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional, han desmantelado cuatro redes internacionales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de seres humanos, y adelantan otras 10 investigaciones sobre posibles grupos que se dedican a este delito en el país.
Así lo confirmó el fiscal Especializado contra la Delincuencia Organizada, Rafael Baloyes, quien detalló que en tres allanamientos efectuados el mes pasado en el P.H. Ever Island de Bella Vista y en los edificios Esplendor y Sophia de Carrasquilla, en la ciudad capital, desmantelaron tres bandas con conexiones internacionales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Por otra parte, en un operativo efectuado en la urbanización Costa Tower, en Costa del Este, las autoridades capturaron a los cabecillas de una red dedicada al tráfico de seres humanos, principalmente de emigrante de naciones africanas y asiáticas que viajaban con destino hacia Estados Unidos (EU).
Baloyes precisó que en total fueron rescatadas 71 víctimas, entre hombres y mujeres, mientras que 9 personas, supuestos cabecillas de las redes, fueron apresados y se les formularon cargos criminales.
La mayoría de las víctimas explotadas sexualmente provienen de Colombia, Venezuela y El Salvador. Son personas de entre 20 y 35 años de edad.
MODUS OPERANDI
Baloyes destacó que las redes dedicadas a este ilícito, y que fueron desmanteladas recientemente, estaban bien estructuradas. Todas obligaban a mujeres a tener relaciones sexuales a cambio de dinero y algunas se dedicaban al tráfico de seres humanos al cobrarle a los emigrantes para trasladarlos de un país a otro.
Indicó que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, las víctimas explotadas sexualmente son contactadas por reclutadores que les prometen oportunidades de trabajo y luego, al llegar Panamá, les quitan los pasaportes y las obligan a prostituirse.
Advirtió que, basados en la observación de las redes descubiertas recientemente, se trata de una actividad deshumanizada, en la que cada persona tiene un precio, las mujeres se convierten en una mercancía y los cabecillas las maltratan.
Relató que los jefes trabajan a las víctimas con base en engaños y falsas promesas. Les prometen desde trabajos domésticos, atender a personas de la tercera edad y hasta ofrecimientos de oportunidades de estudio.
Indicó que las organizaciones colocan anuncios en las redes sociales y en los medios de comunicación social.
Cuando la víctima se decide a viajar, el reclutador prepara todo y el día del embarque le entrega dinero para que llegue a su destino.
A su arribo, es recibida por otros miembros de la célula, que se encargan de ubicarla en un alojamiento, donde recibe atención y comida durante varios días.
Pasadas algunas semanas, les retienen el pasaporte con alguna excusa y entonces les advierten que deben el dinero del pasaje y la estadía, y por lo tanto tienen que prostituirse para pagar. Les prometen un porcentaje de las utilidades.
Otro aspecto que la red tiene controlado es el sitio para desarrollar la actividad. Debe ser un lugar donde no levante la menor sospecha y ofrezca cierto confort a sus clientes.
Usualmente, escogen urbanizaciones de nivel económico medio y se esconden en áreas residenciales o en edificios en el centro de la ciudad, explicó el fiscal.
Dijo que, debido a que las redes criminales tienen extensión internacional, incluso llegan a amenazar a los familiares de las víctimas en el extranjero para que callen. De esta forma, pasan años sin que se haga una denuncia formal.
PLANIFICACIÓN, LA CLAVE
Las investigaciones para desmantelar estos grupos criminales lleva tiempo. Baloyes señaló que toma varios meses de planeación, ya que hay que ubicar los centros de operación y la verificación de la participación de cada individuo en la estructura de la organización ilícita.
El funcionario reveló que el primer eslabón a identificar en el proceso de la cadena criminal es el reclutador, quien en ocasiones es una mujer y se encarga de ubicar a las víctimas.
Con relación al trabajo de investigación realizado con las redes desmanteladas recientemente, Baloyes dijo que se trató de un trabajo de inteligencia meticuloso, en el que primero se ubicó a los posibles integrantes de la red, su modo de operación y método de envío de dinero fuera del país.
Sobre estos operativos, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, señaló que una de las particularidades encontradas fue que los cabecillas de estas redes criminales son extranjeros que aparentaban manejar negocios lícitos, pero que fueron desenmascarados a través de operaciones de inteligencia y con el apoyo de la comunidad, que dio indicios de actividades irregulares.
El fiscal explicó que, debido a la vulnerabilidad de la víctimas frente a los tratantes (cabecillas), hay que realizar la investigación sin levantar muchas sospechas, porque la vida de las víctimas corre peligro.
Otro aspecto que destacó es la coordinación con autoridades judiciales de Venezuela y Colombia para congelar fondos a estas redes criminales y así poder desarticular su accionar.
10 INVESTIGACIONES EN PROCESO
Porcell reveló que se llevan a cabo otras 10 investigaciones sobre posibles redes dedicadas a la trata de personas para la explotación sexual y laboral.
Apeló a la cooperación de la ciudadanía, a fin de que proporcione información, ya que la denuncia anónima se convierte en pieza clave para descubrir y reprimir a los criminales.
Dijo que de las operaciones realizadas en el último mes se obtuvieron indicios que llevaron a la ubicación de otra célula que operaba en la ciudad de Panamá y que las pesquisas realizadas apuntan a la presencia de más redes criminales.
Porcell advirtió que Panamá no tolerará el turismo sexual y que se han efectuado operaciones para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, pero que por tratarse de delincuencia organizada las pesquisas son laboriosas y complejas.
Así mismo, destacó que la vigilancia sobre este tipo de actividades se ha reforzado y que le caerá todo el peso de la ley a quienes sean vinculados con este tipo de actividad.
La funcionaria reconoció que para la investigación de este tipo de delitos se requiere de un personal altamente especializado y con tecnología avanzada para establecer la vinculación de los sospechosos con el delito.
¿Y LAS VÍCTIMAS?
¿Pero qué ha sucedido con las víctimas de las redes de trata de personas desmanteladas?
En este sentido, el fiscal Baloyes explicó que las víctimas han recibido atención sicológica y además se les ha provisto de un albergue temporal, en el que reciben alimentación y asistencia humanitaria.
Baloyes informó que las víctimas permanecerán en el albergue hasta que estas decidan si vuelven a su país de origen voluntariamente o si solicitan algunas de las figuras migratorias con las que pueden permanecer en Panamá.
La mayoría de las víctimas de Venezuela y Colombia siguen en Panamá, indicó el funcionario.
PROTECCIÓN A VÍCTIMAS INSUFICIENTE, DICE EU
Un informe elaborado en 2015 por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el delito de trata de personas, señala que el Gobierno panameño tuvo avances limitados en la protección a las víctimas, aunque los esfuerzos de protección siguieron siendo inadecuados y la mayoría de las víctimas identificadas no recibieron servicios.
El informe destaca que el Gobierno no asignó recursos a su fondo de asistencia a víctimas de trata de personas.
De acuerdo con el estudio, en 2014 fueron identificadas 25 víctimas, incluyendo 14 hombres, 7 mujeres, 3 niños y 1 niña. Este es un número mayor a las 16 víctimas identificadas en 2013.
De este total, 21 víctimas fueron sujetas a trata laboral y 4 a trata sexual.
El informe recomienda a Panamá incrementar de forma significativa el dinero para servicios especializados a las víctimas, incluyendo la implementación del fondo dedicado a la asistencia de víctimas y suministrar recursos a organizaciones de la sociedad civil para que ofrezcan servicios.
Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos solicitó al Gobierno panameño intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley en la investigación proactiva y el enjuiciamiento de delitos, tanto de trata sexual como laboral –incluyendo casos que involucren a víctimas panameñas en el país– y condenar y sentenciar a los tratantes, incluyendo a cualquier servidor público que se presuma sea cómplice en este tipo de delitos.