El proyecto de ensanche de la avenida Omar Torrijos no podrá continuar hasta que cuente con un nuevo estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado.
De eso dio cuenta ayer el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, luego que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declarara que es nula, por ilegal, la Resolución DIEORA-IA-058-2018, del 17 de mayo de 2018, que aprobó el estudio de esa obra.
Dicha demanda contencioso administrativa de nulidad contra la resolución emitida por el Ministerio de Ambiente fue presentada en junio de 2019 por José Isabel Blandón, entonces alcalde de la ciudad de Panamá.
La decisión de la Sala Tercera está consignada en el Edicto No. 3830 del 27 de diciembre de 2021.
El ministro de Ambiente reconoce que incumplir las normas ambientales, como ocurrió en ese caso, acarrea consecuencias administrativas y penales, y además, afecta al mismo proyecto, a sus promotores y a la sociedad en general.
“El fallo de la Corte en declarar nula la resolución que aprobó el estudio, es un ejemplo [de] que todos debemos hacer lo correcto, cumpliendo las normas ambientales, ya que el juega vivo se paga y al final sale más caro para los proyectos y el ambiente”, afirmó Concepción, quien reiteró que la obra no puede continuar, y se deberá presentar otro estudio de impacto ambiental.
De momento, este polémico y millonario proyecto, que data del gobierno pasado, permanece estancado. La obra tiene un costo de $89.1 millones y se extiende a lo largo de siete kilómetros, desde la sede del Servicio de Protección Institucional, situada en el sector de Cárdenas, hasta el puente Centenario, a lo largo del corregimiento de Ancón.
En ese contexto, a inicios del año 2020, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) decidió dar por terminado el contrato que mantenía con la empresa Astaldi para la ampliación de esta transitada vía.
Estado actual
Sobre el estado actual de esta obra vial, el MOP indicó que se realizan ajustes al cronograma del proyecto, producto de la resolución administrativa que finiquitó el contrato y la relación con el contratista Astaldi. En consecuencia, el contrato fue subrogado a la Internacional de Seguros y, en estos momentos, se le efectúan algunos ajustes.
Sobre cuándo se retomará la construcción, la entidad informó que no hay una fecha exacta, aunque es muy probable que sea dentro del primer semestre de 2022.
“De momento no se puede tener una fecha específica, hasta que se cumplan esos ajustes técnicos y administrativos”, respondió el MOP.
En cuanto a la decisión de la Sala Tercera, plantearon que el Contrato No. AL-1-73-17 se mantiene vigente, siguiendo las normas de contrataciones públicas, y que la declaratoria de nulidad por parte de la Sala Tercera, que aún se encuentra en trámite de notificación, no anula el proyecto, sino su EIA.
Tanto el Centro de Incidencia Ambiental como las organizaciones de vecinos de áreas del Canal y, en su momento, la Alcaldía de Panamá se habían opuesto a la construcción del proyecto por sus perjuicios ecológicos al Parque Nacional Camino de Cruces y a la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, incluyendo la pérdida de 13 hectáreas de bosque de dicha área protegida.
Las oenegés reclamaban que estos impactos ni siquiera habían sido adecuadamente evaluados, ya que el proyecto había sido autorizado mediante un estudio de impacto ambiental categoría II y no III, la más rigurosa de las categorías para estas obras.
Inicialmente, la suspensión de este proyecto fue ordenada por la Sala Tercera mediante Resolución de 11 de febrero de 2019, al considerar que existían elementos que apuntaban a que con la aprobación del estudio ambiental en cuestión se pudo haber incurrido en eventuales infracciones a la legislación vigente y que, por otro lado, los daños ambientales ocasionados podrían ser irreversibles si no se adoptaban medidas cautelares o precautorias.
No obstante, en enero de 2020, la misma Sala Tercera optó por levantar la suspensión provisional de la resolución que aprobó el estudio ambiental, luego de una solicitud presentada por el MOP, a fin de que se permitiera realizar medidas de mitigación por parte del Ministerio de Ambiente y la Autoridad del Canal de Panamá y evitar que los taludes descubiertos provocaran erosión, sedimentación, deslizamientos o afectaran las operaciones del Canal y su línea de transmisión.
Larga espera
El alcalde y la vicealcaldesa del distrito de Panamá entre 2014 y 2019, José Isabel Blandón y Raisa Banfield, respectivamente, fueron de los primeros en reaccionar a la nueva decisión de la Sala Tercera.
“Finalmente, la Sala Tercera falló sobre un recurso que siendo alcalde presenté contra la resolución que aprobó el estudio ambiental de la ampliación de la avenida Omar Torrijos”, subrayó Blandón, quien agregó que “en varias ocasiones” se opuso a decisiones del Ejecutivo que afectaban la ciudad capital.
Banfield expresó que se trata de un fallo que llega tarde, pero sienta un precedente: de que bajo cualquier justificación no se pueden hacer las cosas en detrimento del patrimonio de todos. También dejó un mensaje a las autoridades de turno sobre lo sucedido con este proyecto vial: “autoridades actuales, pongan sus bardas en remojo”.
