Una subcomisión de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional (AN) comenzará a debatir el 25 de este mes el proyecto ley 259, que modifica la Ley 8 del 25 de marzo de 2015, que creó el Ministerio de Ambiente.
La propuesta busca, principalmente, la creación de un Tribunal Administrativo Ambiental, que tendría la función de conocer y resolver todas las denuncias presentadas contra todas las personas públicas o privadas por presuntas violaciones a la legislación nacional de ambiente.
De acuerdo con la propuesta, el tribunal estaría conformado por tres magistrados –dos abogados y un ingeniero ambiental–, cada uno con su suplente, cuya gestión se prolongaría durante un período de 10 años.
Entre las tareas del Tribunal estaría establecer, por la vía administrativa, las indemnizaciones que pudieran originarse por daños ocasionados por violaciones a la ley general del ambiente. Asimismo, conocer y resolver las apelaciones contra las resoluciones del Ministerio de Ambiente.
Dicho Tribunal también estaría a cargo de “las reclamaciones que se deriven de las actuaciones administrativas sectoriales con competencia ambiental en materia de normas de calidad ambiental, normas de control ambiental, ordenamiento territorial ambiental, urbanismo y demás actividades que supongan peligro o daño al ambiente”.
En la exposición de motivos del proyecto ley se indica que en los últimos años se han registrado en el país acontecimientos que han tenido como resultado la contaminación de cuerpos de agua, suelos, subsuelos, manto freático y acuíferos. Parte del sustento también obedece al conocimiento público de casos de emisiones de contaminantes que han impactado en amplios sectores de la sociedad; descargas ilícitas de aguas residuales; desechos clandestinos de residuos peligrosos; así como la construcción ilegal de proyectos en manglares y áreas protegidas, en las que se ocasiona ilegítimamente la deforestación; entre otros temas.
El proyecto fue presentado en enero por la diputada del Molirena Corina Cano.
