Con la aprobación de cuatro proyectos de ley en tercer debate y la petición al presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, para que sancione los proyectos de ley 281, 287 y 295, que establecen, entre otras cosas, moratorias financieras, de servicio eléctrico, agua e internet, el pleno de la Asamblea Nacional culminó ayer la segunda legislatura del primer periodo de sesiones ordinarias.
Fueron tres largas horas de un periodo de incidencias en el que hubo llamados a la cordura para hacer debates de altura, agradecimientos, saludos, reproches y el insistente llamado al Ejecutivo para que avale los proyectos sobre moratorias.
Marcos Castillero , presidente de la Asamblea
“Han sido meses intensos y esta nueva Asamblea ha tenido momentos de gran altura política, negociación y acuerdos en busca de lo mejor para el país”.
“El pueblo espera la moratoria... El presidente todavía está a tiempo, si todavía está en sus manos, que lo haga”, dijo Everardo Concepción, de la bancada del Partido Panameñista.
Este medio conoció que hoy, viernes, posiblemente el Ejecutivo estaría pronunciándose sobre los proyectos de ley 281, 287 y 295, que establecen prórrogas financieras en servicios de electricidad, agua e internet.
Mientras que el diputado independiente Gabriel Silva manifestó que su prioridad en la Asamblea es la lucha contra la corrupción, al tiempo que cuestionó que él, junto a otros diputados, ha presentado iniciativas contra dicho flagelo y aún no han sido debatidas en primer debate.
En ese sentido, reprochó al presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, no haber cumplido con su promesa de luchar contra la corrupción. Lo que hizo, dijo, fue aprobar una ley que le permite a las empresas confesas de corrupción licitar con el Estado. Se refería al proyecto de ley 10, que modifica la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas.
“A mí no me van a extorsionar. No voy a vender mi voto. Si me quieren planchar mis propuestas, que lo hagan, pero siempre le diré la verdad a mis electores, que solo me pidieron honestidad”, declaró.
Por su parte, el jefe de la bancada oficialista del Partido Revolucionario Democrático, Ricardo Torres, dijo que espera que en el próximo período haya más “respeto” entre sus colegas y debates de altura.
El tercer debate
Entre los proyectos aprobados ayer en tercer debate se encuentra el 327, que modifica la Ley 37 de 2009, sobre Descentralización de la Administración Pública, para que los gobiernos locales puedan usar los fondos del Impuesto de Bien Inmueble para funcionamiento. Dicha propuesta, impulsada por el panameñista Luis Ernesto Carles, plantea, entre otras cosas, que “durante la vigencia fiscal del año 2020, los municipios podrán destinar el 100% del monto final que reciban en concepto del impuesto de inmueble, incluyendo todos los saldos no comprometidos para inversión de los años fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019, para gastos de funcionamiento”.
En las últimas semanas, los municipios han advertido al Ejecutivo que si no reciben ayuda financiera, tendrán que cerrar sus puertas, afectando así, en algunos sectores, la recolección de la basura y las casas de justicia de paz.
También se avaló el proyecto de ley 308, por el cual se regulan los procesos de actuación preventiva y de resolución de bancos en dificultades y se subrogan los capítulos XV, XVI, XVII Y XVIII del Título III del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998.
Igualmente, el proyecto de ley 300, que crea el plan nacional de emergencia, y el proyecto 312, que establece medidas para los funcionarios en situaciones de riesgo por causa del coronavirus.
Al culminar la sesión, Castillero leyó un listado de las leyes aprobadas durante dicho periodo, así como la asistencia de sus colegas, las cuales, dijo, son “envidiables”. Agradeció a los diputados haberle permitido ser presidente de la Asamblea.
Destacó, entre las leyes sancionadas, la que regula el teletrabajo y la que crea el Ministerio de Cultura, entre otras. Fuentes legislativas contaron a este medio que los diputados oficialistas ya pactaron reelegir a Castillero en el cargo.
El pleno entra en receso por dos meses y reinicia el próximo 1 de julio, con la elección de una nueva directiva.