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COMPRAS

Antai advierte de abuso en contratos directos

Varias contrataciones directas impulsadas por este Gobierno han sido canceladas luego de críticas y de inconsistencias en el pliego de condiciones.

Antai advierte de abuso en contratos directos
La Antai informó que ha recibido varios reclamos ciudadanos contra las contrataciones directas. Archivo

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) advirtió ayer que varias entidades de gobierno están abusando del mecanismo de contratación de forma directa.

El tema de las contrataciones excepcionales ha generado fuertes críticas durante los primeros seis meses de Gobierno, sobre todo, por tratarse de actos públicos millonarios. Incluso, en algunos casos, como la contratación de dos empresas para la compra de uniformes y útiles escolares para estudiantes de escasos recursos –por $16.2 millones–, han tenido que ser suspendidos.

Antai informó ayer, a través de un comunicado, que ha recibido una serie de peticiones y reclamos ciudadanos –a través de organizaciones sociales– para que verifique los procedimientos excepcionales que impulsan algunas instituciones.

La Antai, según el comunicado, ve con “preocupación” –luego de examinar Panamá Compra–, que muchas de las adquisiciones de bienes y servicios se han efectuado a través de contratos directos, cuando ese tipo de proceso de compra debe ser la excepción.

“Por tal motivo Antai hace un llamado de atención a las entidades del Estado a que en el momento de adquirir bienes para el cumplimiento de sus funciones utilicen los procedimientos de selección de contratista inspirados en el principio de transparencia”, señala la nota.

Incluso, recomienda a las autoridades de las diferentes instituciones utilizar el procedimiento excepcional de contratación solo cuando se “ponga en riesgo” los intereses del Estado señalados en la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública.

Millonarios casos

Solo el pasado 6 de diciembre, el Ministerio de la Presidencia anunció la cancelación de la compra directa, por $2.1 millones, de ocho generadores de agua potable a la sociedad Inversiones Rona. En su momento, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades), Luis Ramírez, expresó que el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, ordenó la cancelación del contrato, “en aras de los mejores intereses del Estado”.

Bajo la lupa también están dos contratos directos otorgados por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). El primero tiene que ver con una contratación directa, por $5 millones, para alquilar 73 camiones recolectores por espacio de un año; y el segundo, por $2 millones 574 mil 505, sería para el lavado diario de 73 vehículos, por seis meses.

Pedro Castillo, director de la AAUD, informó que en este último caso el contrato aún no recibe refrendo de la Contraloría General de la República y que se le entregó un expediente al presidente de la República, Laurentino Cortizo, referente a la compra. “El señor presidente, con su grupo, analizará el tema”, expresó el funcionario.

En un último caso, el Ministerio de Educación (Meduca) desistió de contratar dos sociedades para proveer uniformes y útiles escolares, como parte del denominado Plan Colmena, por un monto de $16.2 millones.

La explicación que ha dado el Ministerio de Educación para suspender –de momento– ambas contrataciones es que un equipo técnico de la entidad detectó “inconsistencias” en la data recopilada para calcular la cantidad de estudiantes que se beneficiarían.

Julio De la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, calificó este llamado de Antai como “oportuno”, ya que los contratos directos se han vuelto la norma y no la excepción, como dice la ley.

“El mensaje es claro, no podemos seguir con este tipo de procesos al menos que sean de urgencia notoria. Si queremos salir del círculo de la corrupción hay que garantizar la transparencia, y las licitaciones garantizan un mejor precio al Estado”, acotó De La Lastra.

Consultado sobre el tema, el exdirector de Contrataciones Públicas, Alexis Zuleta, dijo que para una contratación directa “la urgencia tiene que ser real o cierta, patente, objetiva impostergable, improrrogable e imprevista”, de tal suerte que no haya tiempo para satisfacer la necesidad, es decir, que no haya tiempo verdadero para elevar una licitación y se pueda causar con esto un daño grave al interés público o a la vida misma.


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