Los últimos escándalos protagonizados por altos funcionarios de la administración de Laurentino Cortizo han puesto sobre el tapete el incumplimiento del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, adoptado mediante el decreto ejecutivo 246 de 15 de diciembre de 2004.
Pero no solo se trata un funcionario que usa un vehículo estatal para una fiesta particular o de otro que amenaza a sus subalternos por no usar sus redes sociales a favor del Gobierno. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), que dirige Elsa Fernández, contabilizó 87 denuncias contra funcionarios en el último año por actuaciones que riñen con las normas o sus funciones.
Un total de 33 quejas se han presentado de forma anónima, otras 30 de forma presencial y 24 son investigaciones de oficio por parte de la entidad.
La Antai resolvió 32 de las 87 denuncias. Quedan en estudio 55, que están en distintas etapas de la investigación, ya sea en período de descargos, etapa de repreguntas, evaluación de pruebas o elaboración de resolución, según la entidad.
En su mayoría se reportan irregularidades administrativas, mal uso de vehículos del Estado, conductas inapropiadas, incumplimiento en funciones, nepotismo e irregularidad en contrataciones. Asimismo, anomalías en la entrega de bonos solidarios que entrega el Estado a raíz de la pandemia de la Covid-19.
Las instituciones que más se han visto involucradas en estas faltas son: la Autoridad de Tránsito (8), el Ministerio de la Presidencia (7), Asamblea Nacional (4) y la Lotería Nacional de Beneficencia (4). En tanto, con tres casos cada una, le siguen la Alcaldía de Panamá, la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Educación.
Fiesta en pandemia
La crisis por el nuevo coronavirus agudizó el irrespeto a las normas. Desde el 13 de marzo, cuando el Gabinete decretó estado de emergencia, las quejas y denuncias no paran de llegar a la Antai. De hecho, antes de que lleguen a manos de Fernández los hechos ya son conocidos en las redes sociales.
Fernández informó, sin precisar nombres, que recientemente fueron sancionados un alcalde por un caso de nepotismo y un representante de corregimiento por mal uso de un auto asignado a su junta comunal.
Las más recientes investigaciones que llevan adelante la entidad corresponden al exasesor de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Pedro Ortiz. El pasado 15 de agosto se difundió en redes sociales un video en el que se aprecia el uso de un vehículo estatal para transportar invitados a una fiesta en casa de Ortiz, en la urbanización Dorado Lakes, en plena cuarentena. Al día siguiente, el funcionario renunció.
También se adelanta un caso contra José Ruiloba, jefe de recursos humanos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, quien amenazó a sus subalternos con tomar acciones por no dar like en sus redes sociales particulares a las publicaciones del ministro Rogelio Paredes y del presidente Cortizo.
De igual forma, la Antai continúa la investigación de oficio por la fallida compra de 100 ventiladores, a un precio de $5.2 millones por parte del Ministerio de la Presidencia, que dirige el también vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.
Este último caso, dijo Fernández, “se encuentra en etapa final para notificación”.