Vigilar que los bonos y bolsas de comida que distribuye el Gobierno a través del programa Panamá Solidario se entreguen con “transparencia” es una de las tareas de la veeduría que ejercerá la Comisión de Justicia y Paz, de la Conferencia Episcopal de Panamá, a la citada iniciativa.
Así quedó establecido en el convenio que establece la auditoría social para este programa, documento firmado por el contralor Gerardo Solís y el presidente de la Comisión de Justicia y Paz, Rafael Valdivieso.
La veeduría ciudadana, según el convenio, debe velar por el “uso correcto” de los recursos del Estado destinados al programa, de manera que las actividades gubernamentales se realicen con apego a las normas.
La vigilancia ciudadana se mantendrá durante el estado de emergencia nacional, decretado en el país por la pandemia de la Covid-19.
Denuncias con pruebas
Con esta veeduría, la ciudadanía podrá formular en cualquier punto del país sus denuncias a los auditores sociales (equipo de justicia y paz), aportando pruebas: fotos, videos y testimonios. Deben identificar el sitio, la fecha del incidente y los nombres de las personas que estarían involucradas.
Una vez se admita una denuncia, la primera acción será enviar una carta de advertencia a las autoridades locales, primeros responsables de velar por la distribución equitativa de las bolsas de alimentos y bonos solidarios. Posteriormente, se iniciará una investigación.
Tanto la Comisión de Justicia y Paz, como la Contraloría General de la República, designarán un agente de enlace, que será responsable de la planificación, implementación, coordinación, ejecución, monitoreo y seguimiento del acuerdo.
Igualmente, coordinará, ejecutará y evaluará las actividades correspondientes para la consecución de los objetivos planeados, dice el documento.
La Comisión de Justicia y Paz se comprometió a conformar grupos de profesionales voluntarios en las diócesis, para establecer líneas de acción que garanticen la veeduría. Mientras, la Contraloría será garante de suministrar a la Comisión las herramientas necesarias para desarrollar la vigilancia.
Por ejemplo, debe hacer entregas de carné, ayudar con el transporte, alimentación y “cualquier logística necesaria para el correcto desempeño de la veeduría”.
La Contraloría también se comprometió a habilitar una sección en su página web para ingresar denuncias y aportar evidencias de irregularidades que se puedan presentar en el territorio nacional.
Del programa
Panamá Solidario fue creado mediante Decreto Ejecutivo 400 del 27 de marzo de 2020, para mitigar las necesidades de alimentos, productos de higiene y medicinas de ciudadanos de escasos recursos afectados por la pandemia.
Tiene varios componentes: entrega de bolsas de comida y bonos solidarios de $80 (divididos en 4 de $20).
Recientemente, el Gobierno empezó a entregar vales digitales: los $80 son “depositados” a la cédula del beneficiado, que la usa en los comercios como si fuera una tarjeta de débito.
A partir de esta semana, 77 mil 730 ciudadanos recibirán este beneficio por primera vez, por lo que se eleva a 621 mil 792 el número de personas que lo han recibido.
Desde finales de marzo pasado, cuando arrancó la iniciativa, los ciudadanos han denunciado la entrega selectiva de los bonos y bolsas de comida, y la distribución con criterio político, entre otras anomalías.