El Estado tiene una enorme deuda con los bancos que otorgan a los consumidores hipotecas con interés preferencial. El saldo de lo adeudado asciende a $368 millones.
Regulación
Según la ley vigente, el límite de precio de las viviendas que se pueden favorecer de estos préstamos es de $120 mil. Ahora, el gobierno de Laurentino Cortizo pretende ampliar la aplicación del subsidio a viviendas con un valor hasta de $180 mil
Al otorgarse una hipoteca con interés preferencial, el banco deja de cobrar al cliente la parte subsidiada y esto le genera un crédito fiscal que el Gobierno le debe reconocer a través de una reducción en el impuesto sobre la renta a pagar.
Sin embargo, en la práctica, los bancos han visto cómo se les acumulan los créditos fiscales sin que les sean reconocidos por la Dirección General de Ingresos.