Los gobiernos locales podrían seguir usando los fondos del Impuesto Único sobre Bienes Inmuebles destinados a obras comunitarias para gastos de administración, si el presidente Laurentino Cortizo sanciona el proyecto de ley 552, que le fue enviado por la Asamblea Nacional.
La propuesta, aprobada la semana pasada para reformar la Ley 66 de 2015 que, a su vez, modifica la Ley 37 de 2009, la cual descentraliza la administración pública, busca extender el uso de los fondos de inversión y sus acumulativos.
La iniciativa es impulsada por el diputado perredista Jairo Bolota Salazar y establece, entre otros aspectos, que del monto asignado en concepto del impuesto de inmuebles podrá destinarse un máximo de 10% a gastos de funcionamiento del municipio, pero en los municipios semiurbanos y rurales la cifra podrá aumentar hasta un máximo de 25%.
También plantea que “durante la vigencia fiscal del año 2021 los municipios podrán destinar el 100 % de los saldos remanentes, tanto de funcionamiento como de inversión, que reciban en concepto del impuesto de inmuebles, incluyendo todos los saldos no comprometidos en los años fiscales 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, para gastos de funcionamiento municipal”.
Añade que si finalizada la vigencia fiscal de 2021 existieran remanentes de funcionamiento de las vigencias fiscales señaladas en el párrafo anterior, los gobiernos locales podrán utilizarlos para financiar partidas de funcionamiento de la vigencia fiscal 2022.
De aprobarse esta extensión, sería la tercera vez que la Ley 66 de 2015 es modificada en medio de la pandemia. Ya fue cambiada en mayo y septiembre del año pasado.
Una de las modificaciones incorporadas en 2020 permite a los gobiernos locales usar hasta el 70% de los $110 mil que anualmente les desembolsa la Secretaria Nacional de Descentralización a través del Programa de Inversión de Obras Públicas, a fin de adquirir medicamentos y alimentos para los afectados por el virus.
Estos cambios han traído críticas ciudadanas, debido a la poca transparencia de los gobiernos locales, la mayoría de los cuales no actualiza esta información en sus sitios web.
No obstante, desde que se decretó el Estado de emergencia el 13 de marzo de 2020 las quejas por falta de recursos de los 81 municipios y 679 juntas comunales del país no han cesado.