‘Asamblea no tendrá fácil eliminar penas accesorias’

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 ‘Asamblea no tendrá fácil eliminar penas accesorias’
Todo intento de la Asamblea de hacer de la legislación penal un vestido a la medida va a chocar con las normas constitucionales, las normas internacionales y con los principios fundamentales del Estado de derecho. Archivo

Aunque el anteproyecto de ley impulsado por el diputado oficialista Raúl Pineda para eliminar las penas accesorias plantea un cambio en el Código Penal, y pese que la Constitución incluye el principio in dubio pro reo, es decir, que “en materia criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad...”, la Asamblea Nacional no tendrá un escenario fácil para aplicar dicho principio y favorecer con ello intereses particulares.

Y es que una decisión como la que propone el diputado del Partido Revolucionario Democrático se estrellaría estrepitosamente con la legislación internacional a la que está sometido el país.

Además, ello supondría una erosión para el Estado de derecho.

El efecto de un cambio en la legislación penal vigente

Un buen día, un diputado decide proponer un anteproyecto de ley para abolir el Código Penal. En el furor de la colaboración política partidista, para favorecer a un posible candidato presidencial, la mayoría de los diputados decide votar afirmativamente la norma que elimina uno o todos los delitos, o una y todas las penas principales y accesorias en Panamá.

Suponiendo que el escenario anterior fuera políticamente viable, el proyecto de ley tendría que ser firmado por el Presidente de la República, quien pudiera vetarlo por inconstitucional, paralizando todos los efectos jurídicos del iluminado proyecto de ley. En cambio, de ser firmado en un despiste del primer mandatario, la ley tendría que ser aplicada por los jueces de todos los procesos penales en curso. Esto le daría la oportunidad a todas las fiscalías y a todos los querellantes de interponer una advertencia de inconstitucionalidad contra la norma jurídica, lo que en la práctica significa que no podría ser tomada en cuenta para estos procesos.

La eliminación de las penas accesorias es una irresponsabilidad de tamaño mayor. Los ejemplos que sustentan esta afirmación son obvios: un pederasta condenado por sus crímenes podría ser nombrado maestro de escuela, asistente en un centro de orientación infantil o instructor de algún deporte para la niñez. Un narcotraficante podría formar parte de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Autoridad Nacional de Aduanas o ser funcionario de algún puerto o aeropuerto. Una persona condenada por blanqueo de capitales podría trabajar en la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia de Bancos de Panamá o algún banco estatal.

Así, sucesivamente las garantías sociales contenidas en las penas accesorias serían erosionadas en desmedro de los sectores más vulnerables de la comunidad. Las penas accesorias son tanto un castigo como una protección social. Eliminarlas abre una Caja de Pandora que incentiva la impunidad y la desprotección de los ciudadanos.

‘In dubio pro reo’

Los delitos y sus penas son establecidos por leyes. Estas leyes se enmarcan dentro de la Constitución Política y el Derecho Internacional. Una multiplicidad de delitos codificados en la legislación penal panameña son mandatos de convenios internacionales, suscritos por el país. Así, el narcotráfico, el blanqueo de capitales, la piratería de propiedad intelectual y delitos contra los derechos humanos son productos de los acuerdos internacionales.

Todos los delitos acarrean penas, es decir sanciones. En el ordenamiento jurídico panameño, las penas pueden ser de dos clases: principales o accesorias. La principal usualmente representa prisión o alguna medida sustitutiva de esta; mientras que la accesoria se aplica cumplido el término de la principal y usualmente constituye una inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

Cuando a una persona se le juzga y sanciona se le aplica la norma penal vigente en el momento en que cometió el delito. La Constitución Política, en la parte final del artículo 46, establece que: “...En materia criminal, la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada”. A este principio se le denomina in dubio pro reo y es una de las garantías del proceso penal.

La aplicación del principio in dubio pro reo se ciñe al derecho sustancial, no al procesal. Así, cuando se cambia la ley procesal, esta no es retroactiva. Esto se puede ver todos los días con los casos judiciales de alto perfil que deben seguir las reglas del sistema inquisitivo mixto, y no las del sistema penal acusatorio.

En cambio, si hay una modificación al Código Penal, el reo, ya sea acusado, condenado o investigado, se debe beneficiar de esta modificación. Sin embargo, la Asamblea Nacional no tiene libertad absoluta de cambiar normas penales por los efectos transnacionales que estos cambios pueden tener, así como por la ruptura de la unidad del sistema penal.

Por medio de los acuerdos internacionales, el Estado panameño ha cedido parte de su soberanía a favor de la convivencia y la cooperación internacional. Por ejemplo, Panamá ratificó el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, por medio de la Ley 79 de 2013. Este convenio mandata en el numeral 1 de su artículo 13 lo siguiente: “Cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para que los delitos previstos en aplicación de los artículos 2 a 11 estén sujetos a sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias, incluidas penas privativas de libertad”.

Los delitos mencionados incluyen a los que son objeto del caso de los pinchazos. Una modificación para menos de estos tipos penales, choca con este mandato, ya que la intención de la Convención es aplicar penas “disuasorias”, por lo que premiar a alguien con la posibilidad de alcanzar un cargo público a pesar de haber sido sentenciado por estos delitos, contradice la letra y el espíritu de este Acuerdo.

Todo intento de la Asamblea de hacer de la legislación penal un vestido a la medida va a chocar con las normas constitucionales, las normas internacionales y con los principios fundamentales del Estado de derecho. Claro está, esto les debería importar mucho más que la conveniencia política, y los pactos innombrables.




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