La Asamblea Nacional recibió formalmente el miércoles la carta firmada por 24 diputados a favor de que el presidente del Legislativo, Crispiano Adames, interceda ante la Cancillería para que los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares sean traídos al país.
Desde julio 2020, ambos se encuentran detenidos en Guatemala, ante una solicitud de extradición de Estados Unidos, donde son requeridos por la presunta comisión de varios delitos ligados al blanqueo de capitales.
La misiva no ha salido del Legislativo y, según dijo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado perredista Mariano López, entrarán a analizar la nota una vez se instale esa instancia legislativa. Sin embargo, hay voces que señalan que sería un acto contraproducente, pues se violaría la Constitución.
Por ejemplo, el diputado independiente y también abogado, Juan Diego Vásquez, manifestó que si bien los diputados de la Asamblea pueden hacer la solicitud a Adames, si este le da trámite haría algo “ilegal”. Citó el artículo 163 de la Constitución, específicamente los numerales 2, 5 y 7, que plantean que le queda prohibido al Legislativo “inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos que son de la privativa competencia de los otros Órganos del Estado”. Asimismo, le está vedado “incitar o compeler a los funcionarios públicos para que adopten determinadas medidas”, y está prohibido a los diputados “exigir al Órgano Ejecutivo comunicación de las instrucciones dadas a los Agentes Diplomáticos o informes sobre negociaciones que tengan carácter reservado”.
Pero la carta de los diputados, liderados por Mayín Correa, también pide a Adames crear una comisión de investigación para abordar la situación de los Martinelli Linares.
Al respecto, Vásquez recordó que dichas comisiones son para atender cualquier asunto de interés público. “Pienso que la Asamblea tiene vedado por Constitución meterse en asuntos de relaciones exteriores y creo que la Asamblea tiene muchos retos más importantes, que no está atendiendo, para atender la situación particular de dos panameños”, dijo, al tiempo que dejó claro que en este caso y en cualquier otro, se debe respetar el debido proceso y los derechos fundamentales.
Quien sí cree que la Asamblea puede intervenir es el segundo vicepresidente y también diputado, Miguel Fanovich, que además respaldó con su firma la carta a favor de los Martinelli Linares. Dijo que han escuchado los cuestionamientos; sin embargo, es una solicitud que se hace de una forma “democrática”. Añadió que ya existen precedentes de casos en que Panamá se ha pronunciado ante otro país.
Los diputados que firman la carta citan el caso de un diplomático panameño en Filipinas, acusado de presuntos delitos sexuales, que fue liberado en 2012, luego de que la Cancillería de ese país le reconociera su inmunidad, a petición de Panamá.
