La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), pidió ayer al Ejecutivo que nombre a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que dote del presupuesto necesario al sistema judicial, como muestra de su voluntad de “lograr una justicia independiente, imparcial y expedita” en el país.
A través de una misiva, TI aseveró que estas acciones “demostrarían a la ciudadanía y a todos los estamentos de la administración de justicia un compromiso de hechos y no de palabras”.
Los titulares del Ministerio Público y de la CSJ aseguran que el presupuesto asignado para 2018 es insuficiente.
TI PIDE AL EJECUTIVO ACCIONES PARA MEJORAR LA JUSTICIA
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), hizo un llamado al Órgano Ejecutivo para que “demuestre su voluntad de lograr una justicia independiente, imparcial y expedita” en el país.
A través de una misiva, TI solicitó al Gobierno acciones a corto plazo, como nombrar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otorgarle al Órgano Judicial el presupuesto necesario para reforzar la administración de justicia.
TI sustentó su pedido en el hecho de que en las últimas semanas funcionarios del Ejecutivo, incluido el presidente Juan Carlos Varela, han hecho declaraciones a favor del cumplimiento de la justicia, especialmente frente a los casos de corrupción investigados por el Ministerio Público (MP) y aquellos que ya se encuentran con llamamientos a juicio.
El comunicado señala que desde la destitución de Alejandro Moncada Luna como magistrado de la CSJ, en febrero de 2015, no han nombrado al magistrado principal. A la fecha, ese espacio lo ocupa el magistrado suplente Abel Zamorano. “La necesidad de una justicia imparcial requiere del nombramiento de un magistrado principal comprobadamente probo e independiente“, dice el documento.
FALTA DE PRESUPUESTO
Esta semana, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, y el presidente de la CSJ, José Ayú Prado, se quejaron por el recorte a los presupuestos que solicitaron para 2018.
El pasado miércoles, durante la presentación de las vistas fiscales en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Porcell pidió revaluar el presupuesto que se le asignó para 2018 y que asciende a $116.6 millones.
Dijo que el MP solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) $151.1 millones para 2018, pero le asignaron $116.6 millones.
Mientras que el pasado jueves, día en que le tocó sustentar al Órgano Judicial, Ayú Prado dijo que pidió un presupuesto de $346 millones, pero el MEF le asignó $159 millones.
Ayú Prado advirtió que dicho recorte presupuestario obligará, entre otras cosas, al aplazamiento de la carrera judicial.
CARRERA JUDICIAL
Representantes de la sociedad civil cuestionaron la “falta de voluntad política para implementar la carrera judicial”.
Al menos así lo manifestó Maribel Jaén, directora de la Comisión de Justicia y Paz, quien señaló que hay “una situación de indiferencia” por parte de Ayú Prado para implementar la carrera judicial.
“Creo también que el Gobierno tiene un compromiso con el tema de la justicia en un momento en que esta está colapsada y débil”, dijo.
Para Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la falta de presupuesto para implementar la carrera judicial “afecta la independencia de los jueces y magistrados designados al margen de la ley”.
Mientras que Freddy Pittí, activista de la organización Juntos Decidimos, consideró que pese a que uno de los obstáculos que enfrenta el Órgano Judicial es el presupuesto, “por otro lado tenemos a un presidente de la Corte con nula credibilidad, cuestionado y denunciado ante la Asamblea, quien no ha hecho ni el mínimo esfuerzo por impulsar la carrera judicial”.
Según Pittí, Ayú Prado opta por viajes que “cuestan miles de dólares y que no conllevan ningún beneficio para el país”.