En el segundo día de entrevistas a los aspirantes al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la discusión se centró en la necesidad de dotar al Judicial de más presupuesto para el nombramiento de personal y la dotación de herramientas tecnológicas para dar celeridad a los procesos.
La jornada comenzó con María de los Ángeles Buting, para quien la independencia y transparencia es un asunto que la administración de justicia debe garantizar.
Buting enfatizó que la falta de recursos económicos y de personal son un gran obstáculo para lograr justicia en tiempo razonable.
Por su parte, Rolando Eliécer Mejía, quien admitió ocupar un cargo en el Gobierno y ser miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), aseguró que la independencia de los jueces y magistrados es la piedra angular de la administración de justicia. Dijo que de ser escogido renunciaría al PRD y que los vínculos con este no le impedirían desarrollar una gestión imparcial y transparente.
En tanto, Víctor Caicedo, quien se desempeñó como juez ejecutor de la Autoridad de Transito y Transporte Terrestre, dijo que aspira ocupar el cargo de magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. A su juicio, una de las alternativas para mejorar y agilizar los trámites en esa jurisdicción es introducir la oralidad en los procesos.
A su vez, Andreas Vassilopulos Kytan dijo que el mejoramiento del sistema pasa por capacitar más a los jueces y asignarle más fondos para su modernización.
Mientras que Henry Isaza Caballero consideró necesario reformar la Ley 135 de 1943, que instituye la jurisdicción contencioso administrativa, ya que, según su criterio, se ha quedado obsoleta ante la realidad de hoy. También abogó por la oralidad de los procesos en esta esfera para agilizar su tramitación.
La jornada se cerró con la entrevista de Jorge Luis Lau Cruz, quien opinó que el Estado debe invertir más en la justicia, tal como lo establece la Constitución.
Los aspirantes son entrevistados por una comisión especial evaluadora conformada por representantes de 12 sectores, quienes tienen 25 días para culminar el proceso y emitir un informe a la Presidencia de la República.
Se busca reemplazar a los magistrados Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, a quienes se les vence su periodo en la Corte el próximo 31 de diciembre.
