Ambientalistas del país volvieron a sentar al Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Solicitaron una audiencia ante la falta de respuesta a las denuncias de daños ambientales y a la salud, y por las amenazas, persecuciones y violaciones a los derechos humanos. “El Estado cortó en 2019 el canal de diálogo y las negociaciones asumidas en una audiencia celebrada en marzo de 2017, por lo que la amenaza continúa contra los defensores”, dijo Feliciano Santos, del Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro.
Mencionaron las afectaciones producidas por la nueva línea de transmisión de Etesa, las violaciones a los derechos de los Ngäbe-Buglé por la hidroeléctrica Barro Blanco, la deforestación en el Parque Internacional La Amistad y la falta de protección a las personas defensoras, entre otros.
La cita fue virtual, pero representantes de distintas organizaciones se reunieron en el Centro de Estudios y Acción Social Panameño, para exponer reclamos.
Moisés Montero contó sobre los efectos del uso de agroquímicos en una plantación de piñas en La Chorrera. Es vecino de la plantación de piña en La Colorada. Ilka Ábrego, de la comunidad Bribri, en la frontera con Costa Rica, habló de “los invasores” que avanzan sobre los recursos naturales con prácticas de ganadería, contaminando aguas, talando árboles y secando quebradas.
En representación del Estado habló Ariadna Pérez, jefa del Departamento de Derechos Humanos de la Cancillería. “El Estado continúa avanzando en la institucionalidad ambiental, en cumplimiento a las obligaciones internacionales, el respeto de los mecanismos efectivos de garantía de los derechos humanos y la promoción de instancias de diálogo con los defensores ambientales”, manifestó.
Sobre los reclamos, agregó lo siguiente: “Rechazamos estar en incumplimiento con nuestra obligación de proteger a las personas defensoras medioambientales y el respeto a otros derechos humanos como el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad de expresión, al acceso a la información pública, a la participación política y al acceso a la justicia”.
Los comisionados de la CIDH hicieron múltiples preguntas a los representantes del Estado. Por ejemplo, ¿de qué manera el Estado de Panamá puede tomar las inquietudes planteadas en la audiencia y enriquecer sus medidas de acción?
“Estamos comprometidos con la protección de los derechos humanos de nuestros ciudadanos y agradecemos estos espacios, porque son los que producen que los países avancemos en las materias que nos preocupa”, manifestó Farah Urrutia, de la misión permanente de Panamá ante la OEA.
