Casi dos meses después de su aprobación, la Ley 247 del 22 de octubre de 2021, que reformó el Código Electoral, ha sido objeto de tres demandas por posibles visos de inconstitucionalidad.
Con la demanda presentada el pasado jueves por los magistrados del Tribunal Electoral (TE), suman 14 los artículos que posiblemente riñen con la Constitución.
Las tres demandas coinciden en artículos relacionados a la paridad de género y al financiamiento electoral.
Por ejemplo, los magistrados del TE, al igual que los diputados de la bancada independiente de la Asamblea Nacional, demandaron los artículos 44 y 46 de la Ley 247, señalando que existe una “inequitativa” distribución del financiamiento público preelectoral entre los candidatos por libre postulación y los partidos políticos. En la norma avalada en la Asamblea Nacional, en su mayoría, por diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático y de Cambio Democrático, se aprobó que a los independientes le corresponderá 7% del financiamiento preelectoral para campaña y a los partidos, un 93%.
En su momento, el TE y la Comisión Nacional de Reformas Electorales propusieron distribuir 15% para los candidatos de libre postulación y 85% para los partidos políticos, basándose en el respaldo popular previo y poselectoral, que obtuvieron los de libre postulación. A juicio de la bancada independiente, ambos artículos infringen el 141 de la Constitución, el cual señala, entre otras cosas, que se debe asegurar la igualdad de erogaciones de todo partido o candidato.
Los magistrados del TE igualmente demandaron el artículo sobre paridad con respecto a las postulaciones, como lo hicieron las diputadas Zulay Rodríguez, Ana Giselle Rosas y Yesenia Rodríguez.
Los magistrados aducen que buscan eliminar una válvula de escape que permite a los partidos incumplir con la paridad de 50% hombres y 50% mujeres, en todas las postulaciones.
