La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información abrió dos procesos por solicitudes de información desatendidas por el Ministerio de Salud sobre los contratos de las vacunas, una de La Prensa y otra de Transparencia Internacional, capítulo Panamá. Por ley, esto es de carácter público.
Secretismo en los contratos de las vacunas lo verá la Antai
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) abrió un proceso de reclamo por incumplimiento de la Ley de Transparencia contra el Ministerio de Salud (Minsa).
El proceso se abrió luego de que este medio presentó una queja ante la Antai, pues solicitó al Minsa –amparado por la Ley de Transparencia– copia de los contratos de las vacunas contra la Covid-19 en carta fechada el 30 de diciembre de 2020, recibida en el Minsa el 7 de enero de 2021.
El titular del Minsa, Luis Francisco Sucre, se acogió a los 60 días máximo que concede la Ley de Transparencia ante solicitudes complejas. Transcurrido el plazo, no respondió. Esta no es la única petición ignorada por el Minsa durante la pandemia.
La Prensa también pidió al jefe de esta cartera –a través de otra misiva que el Minsa recibió el pasado 26 de febrero– detalles de los contratos de varios miles de dólares, pagados por servicios requeridos durante la pandemia, información que no aparece en el portal de compras públicas. Al igual que la otra, esta petición fue ignorada, pese a la insistencia de este medio ante su equipo de relaciones públicas. Por este caso, este medio también se quejó ante la Antai.
La Antai resaltó que debe imperar la garantía del derecho a la información, incluso en situaciones de emergencia o cualquier otra crisis en el país. En enero pasado, la Antai solicitó al Minsa “garantizar el derecho de acceso a la información pública, sobre todo el proceso de escogencia y contratación de las empresas proveedoras de la vacuna, el precio pactado, cantidad comprada, tiempos de entrega; así como los costos de los mecanismos de bioseguridad para mantener las dosis en condiciones óptimas de ser aplicadas”.
Se ha comunicado que la contratación celebrada con los proveedores de las vacunas incluye una cláusula de confidencialidad, agregó la Antai. “No obstante, y a efectos de promover la transparencia y rendición de cuentas contempladas en la Ley No.6 de 2002, se debía gestionar con prontitud las autorizaciones respectivas con los proveedores, a efectos de poder divulgar oportunamente aquellos elementos del contrato cuya publicidad sea solicitada, en atención a los artículos 10 y 14 de la referida ley”, índica la Antai.
La solicitud de La Prensa sobre los contratos para comprar las vacunas se suma a la que también hizo ante el Minsa la ONG Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, y por la que la Antai abrió otro proceso en febrero pasado.
Por su lado, el abogado Ernesto Cedeño solicitó la misma información a la Contraloría General de la República. En todos los casos, el silencio ha sido la respuesta institucionalizada, pese a que la Ley de Transparencia establece que las contrataciones del Estado son documentos públicos.
Según esta ley, al funcionario que incumpla con la obligación de suministrar la información le corresponde una multa mínima equivalente al doble del salario mensual y, en caso de reincidencia, su destitución.
Este silencio sistemático también es la respuesta de instituciones de salud y otras gubernamentales de siete países latinoamericanos, según una investigación de la Alianza Vigila la Pandemia, grupo periodístico del que forma parte La Prensa.
Las autoridades de esos siete países se negaron a dar copia de los contratos o suministrar información sobre las condiciones de contratación con las farmacéuticas.
