Después de largos discursos, en los que los diputados hablaron de las necesidades que tienen sus comunidades en tiempos de pandemia y de la obligación que tienen las autoridades de ayudarlos, la Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate el proyecto de ley 295.
Esa iniciativa establece la suspensión del pago de servicios públicos por cuatro meses y sin intereses, en atención al estado de emergencia declarado por el avance del coronavirus.
Proyecto de Zulay Rodríguez pasa al punto 7 de la agenda
Al cierre de esta edición, el proyecto de ley 287, propuesto por Zulay Rodríguez, pasó del punto 34 al 7 de la agenda. Este proyecto propone suspender por 90 días el pago de impuestos, tasas y sobretasas, entre otros.
Especifica también que la suspensión del pago de servicios públicos será a partir de la factura del 1 de marzo pasado y aplicaría a aquellos clientes con un salario inferior a $2 mil mensuales y que han sido destituidos o no están laborando por la crisis. La medida también beneficia a los jubilados y pensionados.
Si el presidente Laurentino Cortizo sanciona este proyecto, se suspende el pago de energía eléctrica y de telefonía (fija, móvil e internet). La iniciativa original incluía, además, la suspensión del pago de agua potable y la tasa de aseo, pero eso fue retirado.
También está en agenda del Legislativo el proyecto 281 que plantea que el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Bancos de Panamá deben establecer un proceso para adoptar las medidas necesarias con el fin de mitigar, flexibilizar y suspender las obligaciones personales o comerciales de las personas naturales y jurídicas dentro del plazo decretado por la emergencia. Además, dispone que la Superintendencia de Bancos determine la flexibilización de la tasa de interés a los productos crediticios que actualmente ofrece el sector bancario.
Propone también la suspensión de las partidas del presupuesto del Estado destinadas a los viajes de funcionarios al extranjero y al interior del país en tiempos de pandemia. Pero, al cierre de esta edición este proyecto aún no se había discutido.
El pleno retomó sus labores un día después de que se hiciera una limpieza al palacio Justo Arosemena y de una acalorada reunión entre miembros de distintas bancadas. La pugna emergió a raíz de un comunicado enviado el fin de semana por el presidente de la Asamblea, el perredista Marcos Castillero, en el que decretó la suspensión de las actividades parlamentarias debido a que tres funcionarios administrativos del órgano tienen coronavirus.
Sin embargo, una buena parte de los diputado se opuso y en la mencionada reunión hubo gritos, acusaciones de entrega de prebendas y más. Los más críticos fueron los perredistas Crispiano Adames y Zulay Rodríguez, y el independiente, Juan Diego Vásquez.