Las conversaciones que adelanta el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) con invasores de tierras representados por la Coordinadora Victoriano Lorenzo no muestran avances.
Pablo Martínez, vocero del movimiento, informó que desde noviembre de 2015, cuando se inició el diálogo, ha sido poco el progreso para lograr la pretendida “legalización” de un total de 15 asentamientos informales que ocupan unas 20 mil familias en todo el país.
Según Martínez, los verdaderos dueños de las tierras piden cifras “exageradas” al Estado para ceder el derecho de propiedad a terceros.
Como ejemplo, mencionó el asentamiento informal de La Gran Bendición, en el distrito de Arraiján, en el que hay unas 400 familias. El dueño pidió $15 millones, cuando el valor catastral del predio, según la Contraloría General de la República, no supera los $1.5 millones. Pero hay que tener en cuenta que el valor comercial siempre es superior al catastral.
Las familias exigen que los terrenos sean “expropiados” y que, además, el Miviot los incluya en el programa “bono solidario de vivienda” que es de $10 mil.
Jorge González, viceministro de Vivienda, dijo que solo pueden hacerse pagos de acuerdo con los avalúos arrojados por la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas. Además, explicó que el bono solo es aplicable para la adquisición de viviendas nuevas, cuyo precio de venta no exceda la suma de $50 mil.
González propuso a los precaristas ubicarlos en proyectos que impulsa el Miviot en el área oeste como Ciudad Esperanza, en donde se construyen unas 2 mil 250 viviendas.
También dejó claro que el Gobierno no expropiará fincas invadidas. Ya en 2013, el Miviot expropió un terreno en El Chorrillo para construir casas para personas damnificadas de incendios (Ave Fénix).
Un año después, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la decisión, lo cual trajo altos costos para el Estado, retraso en el proyecto y perjuicios para los beneficiarios.