ANáLISIS

Las barreras que enfrenta el Ministerio Público para investigar la corrupción

Las barreras que enfrenta el Ministerio Público para investigar la corrupción
Las barreras que enfrenta el Ministerio Público para investigar la corrupción

El Ministerio Público (MP) enfrenta tres importantes barreras para la investigación de los delitos de corrupción que se han cometido contra los bienes públicos de la nación.

La primera barrera es el diseño legal de los procesos de investigación por delitos complejos, que según el Código Judicial y el Código Procesal Penal tienen términos de investigación muy cortos.

Aparte de un sistema procesal favorable a la impunidad, el Ministerio Público también debe enfrentar la falta de cooperación por parte de instituciones gubernamentales, tales como la Asamblea Nacional, que no coopera con algunas pesquisas, y la Contraloría General de la República, encargada de elaborar las auditorías necesarias para detectar las lesiones patrimoniales.

Pero, la barrera más relevante que enfrenta el Ministerio Público con relación a la persecución de los delitos de gran corrupción en el país es el comportamiento sistémico del Órgano Judicial, que contribuye a dificultar las investigaciones, demorando fallos y aceptando recursos dilatorios de parte de los investigados.

LABERINTOS DEL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL

En el derecho procesal penal derivado de Europa continental, no existía una forma temprana de terminar un proceso judicial, sino por medio de una sentencia que condenara o absolviera a la persona encausada.

Con el surgimiento de la Ilustración, se introdujo un mecanismo que permitía al fiscal solicitarle al juez de la causa la terminación anticipada del caso porque no existía evidencia o por razones legales que afectaban el proceso. En la mayoría de las legislaciones procesales que siguen la tradición románica, el sobreseimiento puede ser provisional o definitivo.

El provisional es aquel que se pide cuando no se tienen todas las pruebas, pero existen indicios que vinculan al imputado con el delito. En el caso del definitivo, sí existe argumento contundente de que el imputado no cometió el delito, o tiene alguna excusa exculpatoria o existe la prescripción de la causa.

El sobreseimiento provisional es un medio que le permite al Ministerio Público seguir las investigaciones sin que los términos procesales se venzan. Los fiscales pueden continuar sus pesquisas mientras la acción penal del delito investigado no haya prescrito. En el periodo del sobreseimiento provisional, no pueden aplicarse medidas cautelares, ni a bienes ni a las personas. Una vez se complete la investigación, el fiscal puede solicitar la reapertura del caso y la aplicación de medidas cautelares o la práctica de indagatoria.

PANAMÁ, HOY

En los casos de alto perfil, el Ministerio Público ha recurrido a las solicitudes de sobreseimiento provisional para proteger las investigaciones en curso.

La decisión del amparo de garantías constitucionales del caso de los radares de Selex –filial de Finmeccanica– anuló la parte del expediente que se había instruido después de la fecha determinada por la prórroga del sumario. Esta decisión judicial dejó sin suficientes pruebas al Ministerio Público, que deberá buscar otras formas y fuentes que puedan generar evidencias para este caso.

En el caso de las donaciones y contratos por servicios profesionales de la Asamblea Nacional, el Ministerio Público pidió sobreseimiento provisional, porque el Legislativo no colaboró con la investigación y la Contraloría General de la República no ha entregado la auditoría respectiva.

Las barreras que enfrenta el Ministerio Público para investigar la corrupción
Las barreras que enfrenta el Ministerio Público para investigar la corrupción

Para evitar la impunidad, la fiscalía decidió pedir el sobreseimiento provisional, a la espera de la auditoría de la Contraloría para continuar con el caso.

Estos dos casos demuestran que el Ministerio Público enfrenta tres barreras para la investigación de los delitos de corrupción que se han cometido contra los bienes de la nación.

La primera barrera es el diseño legal de los procesos de investigación por delitos complejos, que según el Código Judicial y el Código Procesal Penal tienen términos de investigación sumamente cortos.

Sobre este punto, Transparencia Internacional solicitó recientemente un análisis a juristas sudamericanos especialistas en procesos penales de casos de gran corrupción. Uno de ellos, el chileno Ciro Colombara, puso el dedo en la llaga cuando estudió el fallo del amparo de Finmeccanica y expreso: “Los delitos de corrupción transnacional son delitos que requieren mucho tiempo para investigarlos, muchos recursos, porque son excepcionalmente complejos de investigar. Y eso nos lleva a la cuestión del plazo razonable de investigación. Y un plazo de dos años, dos años y medio, es un plazo absolutamente razonable, de manera tal que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá no tiene una explicación lógica”.

Aparte de un sistema procesal favorable a la impunidad, el Ministerio Público debe, a su vez, enfrentar la falta de cooperación por parte de instituciones gubernamentales, tales como la Contraloría General de la República, que no ha entregado las auditorías necesarias para detectar las lesiones patrimoniales, y la ausencia de voluntad de la Asamblea Nacional de aportar documentos e informes sobre la conducta de su personal.

Finalmente, la barrera más relevante que enfrenta el Ministerio Público en la persecución de los delitos de gran corrupción es el comportamiento sistémico del Órgano Judicial, que contribuye a dificultar las investigaciones, demorando fallos y aceptando recursos dilatorios.

Estas limitantes solo le dejan al Ministerio Público la táctica de los sobreseimientos provisionales como mecanismo de salvar las investigaciones de los delitos que perjudican a todos los panameños.

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