Quejas, errores, subsanaciones y apoyo. Así resumieron la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Panamá y la Contraloría General de la República el primer año de la veeduría ciudadana al programa Panamá Solidario.
Ayer, la Comisión de Justicia y Paz presentó un informe, en el que destacó que de las 454 quejas ciudadanas hasta diciembre pasado, 209 guardan relación con la entrega de bonos, mientras que 98 tienen que ver con la distribución de las bolsas de comida, y 75 fueron dirigidas contra el vale digital.
Fallas y mejoras
Rigoberto Pittí, coordinador de la veeduría, detalló que en el 85% de las denuncias relacionadas con los bonos entregados físicamente las personas se expresaron insatisfechas porque no recibieron dicho auxilio financiero y se sentían desamparadas, porque muchas estaban sin trabajo, no clasificaban o no fueron tomadas en cuenta para la entrega.
Otros, en tanto, se quejaron de que la entrega de los bonos –asignados mayormente a corregimientos urbanos y semiurbanos– no era frecuente, dijo Pittí.
Precisó, asimismo, que una de las quejas más frecuente relacionadas con las tres ayudas que se hacen desde el programa Panamá Solidario fue la “discrecionalidad” de algunos de los encargados de la distribución de las entregas.
Señaló que los ciudadanos manifestaron que no había “equidad” en las ayudas, pues los alimentos entregados en las bolsas no se comparaban con los $120 que se reciben con el bono y el vale digital.
En el informe, la Comisión dejó claro que las denuncias fueron bajando a medida de que se hacían las denuncias a la Contraloría. Sin embargo, consideró que las políticas públicas del país para atender necesidades integrales de la población no son suficientes. “Tenemos un país muy desigual y aquí se evidenció” , dijo Pittí.
El informe de la Comisión de Justicia y Paz, que fue entregado al contralor Gerardo Solís, destaca que se requiere disminuir la cultura clientelar de algunas autoridades cuando se trata de distribuir las entregas de recursos del Estado.
Además, pide tomar en cuenta la formación de las autoridades, que en algunos casos mostraron resistencia y hostigamiento hacia los auditores sociales. Para hacer la veeduría, la comisión involucró a más de 140 auditores sociales voluntarios.
Hubo eficiencia
Por su lado, el contralor Solís señaló que, pese a que hubo errores y se requiere mejorar el programa, este no fue usado “políticamente”.
Explicó que apenas se informaba a la Contraloría de alguna anomalía, esta actuaba inmediatamente frente al órgano Ejecutivo para subsanar cualquier error. A su juicio, la veeduría mejoró la “participación ciudadana” y logró “paz social”. Hizo hincapié en que hubo “eficiencia”.
Detalló que hasta el 19 de abril, Panamá Solidario entregó $7.3 millones en bolsas de comida; $3.9 millones en bonos y $9.2 millones en vales, que beneficiaron a más de 1.3 millones de personas.
“Si dividimos los reportes de irregularidades, que fueron corregidos entre los beneficiarios, representaron 0.0033% [...] el programa tuvo una eficiencia de 99.96%. Panamá Solidario ha tenido una calificación máxima sobresaliente”, dijo.
En abril de 2020, ambos entes firmaron un convenio para velar por el “uso correcto” de los recursos del Estado destinados Panamá Solidario hasta que se mantenga el estado de emergencia, decretado en el país por la pandemia de la Covid-19.