El 31 de marzo de 2022, L.G.S. Panama Tourism Development presentó a Miambiente el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto “Desarrollo marítimo Amador”, que consiste en la construcción de un relleno marino de 50 hectáreas, para hoteles, comercios, restaurantes, una “playa pública”, dos marinas, club de yates, atracadero para ferris, “entre otros”. Al día siguiente, con la velocidad y eficiencia que usted jamás recibirá en ningún servicio del Estado, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental emitió un informe de 26 páginas en el que admite el EIA y ordena el inicio de “la fase de evaluación y análisis”. Aunque muchas cosas llaman la atención, una de las más preocupantes es que el promotor promete entregar, posteriormente, un “plan maestro de desarrollo marítimo”, para poner en marcha en ese relleno. En otras palabras, están pidiendo permiso para un relleno del tamaño del parque Omar, sin precisar muy bien para qué. Eso no tendría nada de malo si la solicitud fuera para alquilar el terreno del vecino. Pero cuando se trata de bienes de dominio público, hay que hacerlo a través de concesiones que requieren, entre otras cosas, que se explique qué se va a hacer con esa área. Y ese desarrollo necesita por lo menos una concesión de fondo de mar (que todavía no tiene) y otra administrativa, por la explotación de lo que sea que se construya ahí. Para establecer los cánones correspondientes, ¿no hay que tomar en cuenta variables como el tipo de actividad que se va a desarrollar y el impacto que tendrá en la infraestructura que ya está construida o en la que habrá que desarrollar? No es lo mismo rellenar esas islas para sembrar palmeras y colocar unos ranchitos, que hacerlas para poner la operación de marinas, hoteles o -quien sabe si…- hasta torres de apartamentos.
Ya es bastante grave que los primeros trámites estén marchando en la forma en que lo están haciendo: el 4 de abril, Miambiente giró notas a 14 entidades (ACP, AMP, Sinaproc, Idaan, Alcaldía…) para comunicar que tienen un plazo de 12 días para enviar sus comentarios. El Minsa no tardó en contestar: tres días después, informó por escrito que no tenía objeción alguna. Lo mismo comunicó el MOP, el 11 de abril. Este apuro no indica nada bueno, solo que lo que viene es una sorpresa y, generalmente, esas sorpresas son desagradables.
Tampoco han explicado si el promotor pretende apropiarse de los bienes que construya encima, porque el cuento no va terminar en relleno y ya. Ahí se van a construir cosas y esas cosas seguramente las querrán monetizar, asumiendo que L.G.S. no es una organización sin fines de lucro. Si es así, tiene que explicar cómo. ¿Piensa vender apartamentos? Seguramente les convenga leer el fallo del 24 de junio de 2021, en el que la Corte declaró inconstitucional la apropiación privada de rellenos sobre bienes de uso público. Y si no piensan vender nada, igualmente tendrían que presentar al Estado la información para ver si esto se ajusta a la legislación vigente o no. Es muy difícil imaginar que alguien invierta $553.7 millones ahí, si no sabe desde ya cómo va a sacar provecho. Entonces, ¿por qué razón no lo dice? Hay que poner un alto a los depredadores de los bienes públicos. Si no lo hace el propio Estado, que es a quien le corresponde desde el principio, entonces tendrán que hacerlo los ciudadanos.
