La semana pasada se divulgó que la contadora uruguaya Maya Cikurel había sido detenida cuando intentó viajar de su país a Buenos Aires, Argentina, con su pareja, el futuro ministro de Educación, Pablo Da Silvera, en atención a una alerta roja de Interpol que solicitó la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá. En principio, llamó la atención, en vista de que Uruguay no fue destinataria de las coimas de Odebrecht, pero eso se explica porque la constructora no ejecutaba obras en ese país. También resaltó el hecho de que, además de su nombre legal, esta mujer se presentaba como Maia Cikurel y Maia Oliva. Según una nota del periodista Tomás Gaeta en el sitio 970universal.com, esta uruguaya, sobre la cual pesaba una alerta, se había podido mover con relativa tranquilidad por meses, ya que las autoridades panameñas habrían escrito su apellido como Cirukel, en lugar de Cikurel, hasta que el “error” fuera advertido el 24 de diciembre pasado, cuando la entonces procuradora Kenia Porcell se acogió a una suerte de mes sabático antes de hacer efectiva su renuncia. Ojalá no sea esa la explicación de que otros vinculados a casos de corrupción parezcan estar inmunes a las investigaciones.
Sin duda, la comparsa más alegre en estos carnavales debe ser la de la 5 de Mayo. Los diputados, que en teoría no son más que servidores públicos como los demás funcionarios, vieron por última vez el hemiciclo el jueves 20 de febrero y no regresan, si acaso, hasta mañana, 2 de marzo. ¿Acaso la goma a ellos les pega más fuerte que al resto de los parranderos? Y en esa tuna están todos: diputados oficialistas, de oposición, nuevos y aquellos ya curtidos por las malas mañas. Si alguno de ellos propuso que no le pagaran ese tiempo, lo habrá dicho en uno de los baños de la Asamblea, porque nadie lo ha oído.
Algo muy oscuro parece estarse cocinando detrás del tristemente célebre proyecto de ley 18, originalmente llamado “de identidad para los bebés fallecidos en el vientre materno”. Primero, aquel título ya era bastante desafortunado, porque contraviene frontalmente la biología y el derecho. La sola descripción de un feto que no llegó a término es perturbadora de por sí. Si usted no se ha percatado, solo analice: cómo podría un bebé morir antes de nacer. Y, peor aún, protagonizar esa insólita inversión de acontecimientos dentro del vientre de quien sería su propia madre. ¿Cuál es el derecho protegido en una norma de esa naturaleza? Lo de la identidad suena a puro cuento, porque mal podría tener derecho a identificarse en un registro de “concebidos no nacidos” a quien, precisamente, no ha nacido, a menos que alguien –ese sí, bien vivo...– esté pensando en valerse de ese exabrupto quién sabe para qué. Los ciudadanos deberíamos informarnos mejor sobre quién o quiénes impulsan este proyecto, y cuáles son los argumentos que esgrimen. O hacer el siguiente ejercicio: prepare una lista de todos los derechos que considera que se protege con un proyecto semejante y, al lado, enumere los posibles fraudes que se podrían cometer con esa ley si la llegan a aprobar. Después de eso, no habrá que dar muchas explicaciones.