El viernes, la ministra de Salud informó al país que todas las compras de ventiladores, mascarillas y botellas de gel alcoholado, realizadas por la institución que dirige, pasaron el tamiz de la “comisión técnica” del Minsa y aclaró que no es el Ministerio de la Presidencia el que ha efectuado el pago de esos equipos e insumos médicos. La ministra también advirtió que cuando se realizaron aquellas compras, todo apuntaba a que, en el peor de los casos, las unidades de cuidados intensivos atenderían simultáneamente a 987 personas (la realidad, afortunadamente, ha sido muy diferente al peor escenario, porque hasta ayer había 72 contagiados en las UCI de todo el país). El sentido de la declaración de la ministra, sin embargo, contrasta en cierta forma con el contenido de las anteriores 67 conferencias diarias en las que se ha informado a la población sobre la Covid-19 y la gestión de la pandemia. Indudablemente, el papel que ella ha jugado en el manejo de esta crisis ha sido ampliamente elogiado y, en momentos críticos en que ha sido necesario poner en evidencia posibles malos manejos, lo ha hecho sin reparo, como cuando la Presidencia se tomó como excusa una presunta escasez de ventiladores en el mercado, para adquirir 100 de ellos por $5.2 millones (a $48 mil cada uno) y ella, cándidamente, le dijo al país la verdad: que tal escasez era improbable porque -en menos de cinco minutos- había recibido mejores ofertas de dos potenciales proveedores. Entonces, ante la disertación de la ministra del pasado viernes, salta a la vista una interrogante muy importante: ¿qué la ha llevado a ofrecer estas explicaciones, precisamente en este momento? Cualquiera diría que hay algo que la incomoda.
CUANDO A un presidente de Panamá se le termina su mandato, puede convertirse en parlamentario centroamericano por derecho propio. Según el Tratado Constitutivo del Parlacen, si no ha sido juramentado o no ha tomado posesión, no puede hacer uso de las prerrogativas de ese cargo. Al menos, así debían funcionar las cosas en un mundo ideal, en el que todos somos sujetos de derechos y obligaciones por igual. Pero, aquí los políticos siempre encuentran la manera de sorprender a la vendada dama de la justicia por la espalda, y torcerle un brazo. Ahora resulta que, según un grupo de abogados del partido Panameñista, a Juan Carlos Varela lo tendría que investigar la Corte como si fuera diputado del Parlacen, a pesar de que este jamás tomó posesión del cargo. Y el precedente que invocan sería nada menos que el de un PRD: Rubén De León, quien para evitar una imputación por parte de la justicia ordinaria, alegó lo mismo que pretenden ahora los panameñistas. Y eso que el 28 de octubre de 2018, cuando todavía era presidente, Varela aseguró que “no tendría autoridad moral para irme a inscribir [al Parlacen] cuando yo fui el canciller que sacó a Panamá del Parlacen”. Palabra de monaguillo…