Las palabras del ministro de Salud en la conferencia de prensa de ayer, no solo rompieron el efecto narcótico de la suerte de webinario sobre compras en tiempos de emergencia que dictó el director de Contrataciones Públicas, Raphael Fuentes, sino que intentaron justificar al pretendido proveedor de limpieza y lavandería para los hoteles hospitales. A pesar de la cacareada “experiencia” que le atribuye el ministro Sucre, esta empresa no refleja siquiera tener un aviso de operación para la actividad de lavandería ni posee los equipos suficientes para prestar ese servicio. La empresa tampoco es responsable de la cuenta del agua y la electricidad que consumen las lavadas; eso corre por cuenta del Estado. Ni la Ley de Contrataciones Públicas ni el procedimiento especial de adquisiciones adoptado por el Consejo de Gabinete el 13 de marzo, cuando declaró el estado de emergencia, permiten que se contrate en circunstancias semejantes. A los hoteleros, en cambio, que han puesto a disposición sus habitaciones, sábanas, toallas y otros insumos, les adeudan más de $2 millones por el uso de sus instalaciones en cuatro meses, y todavía no saben cuándo podrán retomar sus actividades y alojar huéspedes regulares. Si la lavandería no está poniendo las sábanas, ni las toallas, ni las lavadoras, ni la electricidad ni el agua, ni cambia las sábanas -porque, según ellos, eso corresponde al personal del Minsa o al propio paciente-, entonces, ¿qué hace esa empresa a cambio de los $7.74 diarios que le pagarán por cada habitación? Fue triste, por otro lado, que el ministro llamara ayer a la jefa Nacional de Enfermería, Eusebia de Copete, a poner el pecho por un asunto que ni le compete. ¿Acaso ella asumió funciones de control fiscal de las obligaciones de los contratistas? ¿Cómo sabremos ahora que el Minsa pagará por un trabajo que efectivamente fue realizado? Qué suerte tenemos de que no hay una lista negra por este tipo de lavados, porque de esa sí que no nos habríamos escapado.
EL TAL Bolota, quien la semana pasada perdió los casos que había promovido contra Kayra Harding, se salió ahora con una querella penal contra la diputada, esta vez por la presunta comisión de un delito contra la personalidad interna del Estado. Estos delitos están comprendidos entre los artículos 434 a 439 del Código Penal. Cuatro de esos seis delitos tienen que ver con el uso de armas y alzamientos militares. Los otros dos, en resumen, serían promover un acto para perjudicar al país y el tráfico de insumos de uso exclusivo de la fuerza pública para cometer hechos delictivos. Entonces, Harding -con su botellazo en la cara- debe ser algo así como la archienemiga de la democracia, y Bolota -que varias veces ha sido querellado por el director de la Policía-, un miembro de la liga de la justicia. Bueno, después del coronavirus, la posible plaga de langostas y el polvo del Sahara, cualquier cosa puede pasar.