Hay quienes se parten el lomo tratando de inscribir un partido político con la esperanza de acceder a alguno de los blindajes que ofrece la ley electoral. Quizá no han tenido tiempo para leer el fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia, emitido hace dos semanas bajo la ponencia del magistrado Carlos Vásquez, con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio Público en el año 2017, contra la expresión “investigados” del artículo 259 del Código Electoral, cuya transcripción completa es la siguiente: “El fuero electoral penal es la garantía procesal que tienen los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales de los partidos legalmente constituidos, los candidatos, los funcionarios electorales y enlaces, para que no puedan ser investigados, detenidos, arrestados o procesados en materia penal, policiva o administrativa, siempre que estas últimas involucren la imposición de una pena privativa de la libertad, sin que medie autorización expresa o previa del Tribunal Electoral, salvo en caso de flagrante delito”. A la sombra de esa norma, una larga lista de políticos de casi todos los partidos ha logrado escabullirse de investigaciones penales. Pero el fallo de ahora ha dejado muy claro que, aunque es constitucional, poseer fuero electoral no es razón “para estar por encima de la ley”, explicando que esa previsión está concebida en atención a una condición “temporal” adquirida en un momento determinado, de la misma manera que existen otros fueros, como el maternal, el sindical o el de discapacidad laboral, por ejemplo. No son una “fuentes de privilegios” o patente de corso, que como en los tiempos de la colonización, permitían saquear las posesiones que no fueran de la corona. La Corte remarca que el fuero no excluye a las personas de ser objeto de investigaciones penales, sino que las dota de una “exigencia adicional” o requisito, para iniciar la investigación, que es la solicitud de levantamiento del fuero ante el TE, excepto en casos de flagrancia. Aunque el fallo es comprensible, la sociedad debe aspirar a que quienes pretenden gobernar, se candidaticen sin oportunidad de burlar el brazo de la justicia. Porque, después de todo, si un político no se atreve a defender sus propios asuntos sin un fuero, ¿cómo pretende convencernos de que podrá defender los nuestros?
EL DIRECTOR de la AAUD, Pedro Castillo, estuvo ayer recogiendo basura en el corregimiento de Juan Díaz, con el diputado Javier Sucre. Qué sábado tan distinto al de hace una semana en Dorado Lakes, cuando su ahora exasesor Pedro Ortiz usaba un vehículo de esa institución para transportar a los invitados a su fiesta violatoria de la cuarentena. A Ortiz todavía le quedan dos asesores y una Dirección de Asesoría Legal, que nos cuesta $21,850 al mes. La población debe estar muy atenta para advertir en qué lugar reciclan a Ortiz.