Mañana se cumplen tres años de la decisión adoptada por el juez federal Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, quien certificó que los delitos por los que Ricardo Martinelli era requerido entonces por la justicia panameña, permitían su extradición de Estados Unidos a Panamá.
En aquel fallo del 31 de agosto de 2017, el juez Torres manifestó que existía causa probable contra Martinelli y que sus argumentos para evitar un juicio en Panamá no eran convincentes, a pesar de que habían “agujeros” en el proceso instruido por el entonces magistrado fiscal Harry Díaz.
“Siguen existiendo indicios de fiabilidad en este expediente de que Martinelli pudo haber cometido los delitos imputados, dadas todas las pruebas presentadas”, indicó Torres, en su fallo de 93 páginas. Ya sabemos qué pasó después… Recordemos que esto no fue un proceso voluntario. Casi tres meses antes había sido detenido cerca de su mansión de Coral Gables. Ofreció al juez entregar sus pasaportes, las llaves del avión y del yate, dinero y hasta su esposa como fiadora, con tal de recuperar su libertad, pero nada de ello sirvió ante la contundencia de los hechos presentados en la solicitud de extradición. Probablemente el año que estuvo preso en Miami estuvo mejor acompañado que los cinco en los que fue presidente de la República... Sobre los equipos de espionaje adquiridos a dos empresas israelíes y que eran utilizados por el Consejo de Seguridad Nacional, el juez Torres señaló que: “hay suficiente evidencia circunstancial para determinar que hay causa probable de que Martinelli malversó los equipos de MLM y Pegasus”. Todavía se desconoce el paradero actual de ambos equipos y nunca nadie responderá penalmente por este peculado. El 31 de agosto también marca el aniversario del cambio de sus simpatías por el sistema judicial estadounidense, del cual una vez dijo sentirse feliz y confiado. De ahí en adelante, la justicia de ese país pasó a ser una herramienta manipulada por oscuros poderes de personajes de los negocios y la política criolla. Ojalá que tres años después, con un sobre cerrado en el despacho de un juez federal en Nueva York, Estados Unidos no tenga que lamentar que Martinelli haya regresado a Panamá.
Lea aquí el fallo del juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de Florida
ESTE GOBIERNO se distingue por tener las prioridades invertidas. Contratan a influencers para que hagan videos en Tik Tok por $4 mil al mes, pero al personal médico le deben hasta cinco quincenas. Las enfermeras, después de mucho protestar, recibieron el viernes parte del dinero adeudado. El Minsa anunció este desembolso, a través de fotografías y videos en sus redes sociales. Como si fuera un acto de caridad. Hay líneas rojas que uno no debe cruzar nunca. Por ejemplo, exhibir a las enfermeras en una fila, como si estuvieran recibiendo un jamón. Pero si este gesto fue miserable, ahora imaginen la cara del personal médico (y de todo el país), al conocer que la planilla estatal se ha incrementado, en plena crisis sanitaria y de contención del gasto público. En marzo, cuando se declaró el estado de emergencia, el Estado empleaba 233,218 personas, que representaban un sueldo bruto mensual de $358.4 millones; en junio, la cifra era de 239,460, es decir, que hay 6,242 nuevos funcionarios. El sueldo bruto, en el mes de junio, era de $376.8 millones. Ya bastante grave es que la mayoría de los funcionarios, trabajen o no, cobra su cheque completo, porque para ellos no hay suspensión temporal de contratos ni reducción de jornada laboral, como en el sector privado. De hecho, si algo bueno aprendimos del confinamiento, es que el país podría andar muy bien sin la mayoría de ellos, y que casi todos sobran.
