El pasado jueves, los diputados cerraron el período de sesiones ordinarias, de la primera legislatura del segundo año del quinquenio 2019-2024. Técnicamente, ese período habría tenido que terminar ayer, 31 de octubre, pero esa fecha ya es suficientemente aterradora, así que al menos este año no tuvimos la desgracia de presenciar un aquelarre en vivo en la 5 de mayo, en plena noche de brujas. En estas sesiones, los diputados aprobaron 62 proyectos en tercer debate. Dicho de esa forma, no se sabe si eso es bueno o malo, por lo que daremos un rápido vistazo a aquellos proyectos: se crearon moratorias, regímenes especiales y corregimientos, sin ningún sustento técnico; se cambió el nombre a calles (pese a que los asuntos de los distritos son competencia de los consejos municipales), se modificó la ley orgánica de la CSS (también, sin ningún sustento o estudio financiero) y se aprobó el presupuesto general del Estado y de la ACP, para el año 2021, entre otras cosas. No se discutieron las reformas al reglamento interno de la Asamblea ni los proyectos de la agenda anticorrupción. Tampoco le hicieron caso a la iniciativa que presentó la Presidencia sobre el descuento salarial y de gastos de representación a altos funcionarios del Ejecutivo, para alimentar el fondo Panamá Solidario. (En agosto, Cortizo había dicho que si no se aprobaba la ley, los descuentos serían “voluntarios”… Estamos en noviembre, y nada). Si se buscan los proyectos de ley aprobados que son verdaderamente útiles, la lista sería mucho más corta… ¿Será que éste modelo de legislar tocó fondo? Mientras esta gente tenga relación con la redacción de normas y con una eventual reforma constitucional, este país jamás va a cambiar, porque ese es precisamente el órgano del Estado que parece tener una mayor conexión con los problemas que nos aquejan: clientelismo, impunidad, educación, desarrollo humano, inseguridad… Encima, en medio de la pandemia y de su evidente improductividad, se han adjudicado más dinero en el presupuesto del otro año: en 2020 tenían $99.6 millones, y para 2021 dispondrán de $107 millones. Lo más triste es que el 4 de enero, todo vuelve a empezar igual. Ojalá tuviéramos una suerte de píldora del día después.
EN DOS días, los estadounidenses habrán elegido un presidente para los próximos cuatro años. Entre otras cosas, ha resultado sorprendente escuchar a un presidente que aspira a la reelección -que en cualquier país del hemisferio sería considerado el candidato “oficialista”- hablando, con meses de anticipación, de la posibilidad de un fraude electoral. Ese es un señalamiento que podría ser considerado lógico en la boca de alguien que no detenta el poder o de un candidato “de oposición”. Al final, pase lo que pase, los panameños deben tener conciencia que Estados Unidos está eligiendo un presidente para Estados Unidos, no para Latinoamérica. El que gane, no necesariamente representará un cambio en las políticas de ese país hacia sus vecinos al sur del Río Grande… O del muro.