Mañana se cumplen tres años de la audiencia oral de casi 10 horas -transmitida vía streaming- en la que el juez Óscar Carrasquilla validó los acuerdos de colaboración eficaz pactados entre la Fiscalía Especial Anticorrupción y tres brasileños que fueron ejecutivos de Odebrecht. André Rabello, Olivio Rodríguez Jr. y Luis da Rocha Soares revelaron a quién y cómo se hicieron los pagos a través del departamento de coimas de la empresa (conocido con el rimbombante eufemismo corporativo de “Oficina de Operaciones Estructuradas”) y, al mismo tiempo, se comprometieron a entregar toda la información, documentación digital o física, datos contables o financieros, y cualquier otro elemento que identificara a los partícipes del esquema de corrupción y a colaborar en la recuperación de los activos vinculados. En virtud del acuerdo con Rabello, no le seguirían investigando a él, Odebrecht o sus filiales, y se aceptó la impresentable multa de $220 millones, pagaderos -para colmo- en 12 años. Aunque cuestionó el montó de la multa acordada, el juez finalmente validó la cifra, que en teoría se sustentaba así: $100 millones por el uso ilegítimo del sistema bancario panameño y $120 millones equivalentes al doble de las coimas que, un año antes, Odebrecht confesó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que había pagado en Panamá, entre 2010 y 2014.
Rabello contó que Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares se le acercaron poco después de la elección de su padre como presidente de la República, en mayo de 2009. Antes de la toma de posesión –el 1 de julio de ese año– ya los hermanos le habían ofrecido sus “servicios” para que la empresa pudiera resolver varias “dificultades” que enfrentaban en ese momento, por ejemplo: la recuperación de una deuda de $50 millones por trabajos en la autopista a Colón; una adenda pendiente ligada precisamente al contrato de la autopista, y algunos “obstáculos” relacionados con el túnel y la planta de tratamiento del proyecto de saneamiento de la bahía. Según Rabello, casi $50 millones en sobornos se repartieron a los hermanos, a través de sociedades y cuentas en Panamá, Suiza, Andorra, Antigua y Barbuda. La información fue corroborada por Olivio Rodríguez.
En su momento, esta audiencia fue percibida como un acto revelador, que marcaría un antes y un después en la investigación. Sin embargo, el entusiasmo popular se estrelló con la dura realidad. En primer lugar, no queda duda de que las matemáticas no eran el fuerte de la fiscalía, porque en esa audiencia quedó claro que las cuentas estaban torcidas: las coimas declaradas ante el juez Carrasquilla no totalizaban $59 millones, sino $84 millones (ahora debe ser mucho más). Además, según Rabello, el 60% habría ido a parar a los bolsillos de los Martinelli Linares. El tiempo, maestro implacable, demostró que los delatores brasileños no entregaron toda la información y eso lo debió saber cualquiera que haya estado haciendo bien su trabajo en la fiscalía. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de una multa calculada sobre una base de $59 millones, cuando es un hecho archiconocido que las coimas ascienden a una suma mucho mayor?
Aunque la razón de ser de esos acuerdos debió ser la obtención expedita de valiosa información para llevar al banquillo a todos los implicados, por mucho tiempo eso solo fue bueno para indagar y aplicar medidas cautelares a los integrantes de solo uno de los bandos, mientras se mantuvo a la mayoría de los otros fuera del alcance de las pesquisas. En esa audiencia, la fiscal le dijo al juez que había recibido información de los delatores brasileños sobre las coimas pagadas en 2007, cuando Martín Torrijos era el presidente. Si eso era así, ¿por qué no fue indagado nadie de esa administración? ¿Quién protege a toda esta gente?
Esa audiencia arrojó más preguntas, muchas de ellas todavía sin aclarar. Tres años después, no están ya ni la procuradora ni la principal fiscal ni el juez; la vista fiscal está en elaboración; la multa correspondiente al pago de 2020 no ha sido abonada, y no queda ya nadie detenido. Qué ironía… Con qué facilidad pagaron decenas de millones en coimas y, al final, que difícil será llevar a un centenar de personas a juicio.