A los diputados bien podrían llamarles los 49ers, como al equipo de fútbol americano de la ciudad de San Francisco. Pero no porque se destaquen por su disciplina o su desempeño, como sucede con los jugadores profesionales, sino porque 49 mil parece ser el número mágico de las contrataciones en la Asamblea. Esto no es casualidad. Lo que sucede es que si pasan el umbral de $50 mil, tienen que someterse a otro nivel de control y la contratación (según la Ley 22 de 2006) ya no podrá ser “de manera expedita” y atendiendo “un mínimo de formalidades”. 49 mil también debe ser el número de la suerte, porque la impunidad detrás de esos inexplicables contratos está garantizada, porque hasta donde sabemos, no le ha pasado nada a nadie y ningún funcionario ha tenido que rendir cuentas por ello ante la justicia. Es así como, en plena pandemia, la Asamblea ha gestionado contrataciones tan banales como la remodelación de la oficina del presidente de la Comisión de Presupuesto, el diseño del nuevo logo del canal parlamentario y, lo último, una “campaña de comunicación institucional” entre julio y octubre de 2020 (pero cuyos documentos fueron colgados en Panamá Compra el 30 de diciembre), por un monto de $49,755, con una tal Venqis, S.A. No es la primera vez que la Asamblea contrata a Venquis; esta sociedad ya obtuvo un contrato directo, para asesoría de imagen, por $49 mil. Venquis, además, tiene algún nexo con Chumec, S.A., que fue la sociedad favorecida con el contrato para diseñar el logo de la televisora. Para los que todavía no han hecho la ecuación, de $49 mil en $49 mil, se llega fácil al millón.
CUANDO ESTABA en campaña, Laurentino Cortizo suscribió públicamente el Reto Transparencia 2019, una iniciativa de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que impulsa acciones puntuales sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Han transcurrido dos años desde que firmó el documento y año y medio desde que tomó posesión, y no se ha visto ninguna ley que parezca abordar la prevención genuina de la corrupción. Y no es que esto sea responsabilidad exclusiva del Ejecutivo; ha habido diputados que han presentado proyectos que están dirigidos a reformar el reglamento interno de la Asamblea y establecer normas puntuales que eviten actos deshonestos en la administración pública, pero ahí quedan. Nadie (a veces ni sus propios proponentes) se interesan por su aprobación. Todo parece indicar entonces que, para que esa promesa se cumpla, debe existir cierto nivel de entendimiento entre el propio presidente y la Asamblea, o al menos con su bancada, que todavía es la mayoritaria. Al menos de esa forma se discutirían los proyectos ya presentados y se sabría de verdad si Cortizo cumple lo que promete. Panamá ya tiene un puñado de normas dispersas y ninguna previene un solo acto de corrupción. La mejor prueba es lo que ha pasado en los últimos 30 años en el país. ¿Qué están esperando? ¿Qué el departamento legal de FCC o el de Odebrecht elaboren el proyecto de ley?