CASA NUEVA. Las cosas en Guatemala no andan muy bien para los muchachos. Luego de que el general Otto Pérez regresara a la cárcel Mariscal Zavala para pasar sus Navidades y echara de su “casa” a los intrusos, estos iniciaron la construcción de sus nuevos aposentos carcelarios, pero la obra fue fotografiada y la noticia trascendió. Así que el director de la cárcel impidió –por unos días– el paso a albañiles y carpinteros, hasta tanto no elevaran la valla perimetral, a fin de que no se pueda ver la construcción, así que en eso andan. Claro que la molestia que se tomó el funcionario carcelario no fue solo para obtener las gracias de los muchachos.
LO INEVITABLE. Mientras tanto, las pachangas continúan. La familia de los muchachos es ordeñada, incluso más allá de lo que cobran los abogados, pero el dinero no es un problema: fluye a manos llenas, pues esta gente gasta lo que se tenga que gastar para evitar que los muchachos vayan a saludar al Tío Sam. Y la doble vida que llevan en la cárcel se pone en pausa cuando –de Panamá– su familia va a verlos, oportunidades que podrían ser las últimas, ya que los entendidos calculan que en unos cuatro meses podrían hacer el indeseado viaje que les pagará el FBI.
¿APADRINADOS? El personal de una pequeña empresa denominada Servicio de Emergencia y Traslados Médicos (Setram), con sede en Santiago de Veraguas –la tierrita del parlamentario centroamericano Rubén De León– fue vacunado, según lo publicado en sus redes sociales. O sea que dejaron de vacunar a médicos intensivistas y personal de primera línea en la batalla contra la Covid-19 por ponerle la vacuna a estos señores, hecho este que tiene encendidas las redes.
LO DE SIEMPRE. Esta empresa fue creada en junio de 2017, pero inscrita en el Registro Público 2 años después, en 2019 –solo días después de posesionado este gobierno– y de entonces a acá, acumula tres contratos con el Estado que suman unos $270 mil. Tiene dos con el Ministerio de Salud, incluido uno de $168 mil, por el alquiler de 6 ambulancias por dos meses en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Los Santos, y que estuvo en trámite de extensión. Por esta contratación nosotros –el Estado– le pagamos $14 mil mensuales por el alquiler de cada ambulancia. Hay otro contrato, de $31 mil, por el “servicio de cobertura de ambulancia para los honorables diputados principales y suplentes, miembros de la junta directiva de la Asamblea Nacional a partir del 2 de enero al 30 de abril 2019”, o sea, $7,750 al mes. Salvo que haya un error, la Asamblea Nacional le dio un contrato a una empresa que jurídicamente no existía para la fecha de este contrato. Lo dicho: ¿tiene padrinos?