La relación del paso del tiempo con algunas cosas es muy beneficiosa. Así sucede con el buen vino, el carácter y muchas obras de arte. Pero, no siempre funciona así. Cuando se trata de problemas sociales, la atención tardía, en lugar de convertir su objeto en algo agradable para los sentidos, lo echa a perder. Esto último es lo que está sucediendo con los niños en albergues de protección.
EN 1990, Panamá adquirió, ante la Comisión sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, el compromiso de crear un Sistema de Garantías y Protección Integral de Niñez y Adolescencia. De ese modo, Panamá -uno de los pocos países de la región que no cuenta con este sistema- unificaría toda su normativa a favor de los niños y adolescentes, actualmente dispersa, reconociendo a esta población como sujetos de derechos. Además, definiría roles y objetivos de todas las entidades que, de una u otra forma, están llamadas a garantizar estos derechos.
SI ESE sistema hubiese sido un recién nacido en aquella época, hoy sería un adulto de más de 30 años. Sin embargo, siete gobiernos y una pandemia después, es aún un nonato.
EN 2015, el entonces ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vásquez, creó un grupo que elaboraría una ley marco de protección integral de niñez y adolescencia. Ahí convergieron representantes de los tres órganos y de la sociedad civil organizada, asesorados por especialistas de Unicef, de la Usma y de la Universidad Diego Portales de Chile. Así surgió el proyecto que el ministro presentó a la Asamblea Nacional, en abril de 2018. Pero una vez ahí, ocurrieron varios eventos: Vásquez dejó el Mides, el proyecto fue enviado a una subcomisión y el país entró en periodo electoral. Varios grupos religiosos reclamaron que la iniciativa “quitaba poderes a los padres” y “vulneraba la patria potestad”; poco después, la mayoría de los diputados se fue a hacer campaña para renovar su cuota de poder. El proyecto, que debió ser mejorado con los aportes de los sectores confrontados, fue descartado.
EN EL presente quinquenio legislativo, la Asamblea -por iniciativa de Markova Concepción, ministra del Mides hasta junio pasado- aprobó la Ley 171 de 2020, “de protección integral a la primera infancia y al desarrollo infantil temprano”, en un intento por atender el compromiso con la ONU. No obstante, dicha norma, como su nombre lo indica, atiende a “la primera infancia”, es decir, a la población menor de 4 años de edad. El país todavía carece del sistema de protección y, a estas alturas, la propuesta ha cedido su lugar a otros proyectos más atractivos para esta gente por su relevancia clientelista y demagógica -como el de la creación de distritos o de otro festival en honor a alguna fruta..-. Sólo después del escándalo del centro operado por la Fundación de Atención Integral Chilibre-Panamá, el Mides vino a establecer la regulación de la apertura y funcionamiento de los albergues -que no se encuentra en la Ley 171-, mediante el Decreto Ejecutivo 404 de 2020. Aunque resulte irónico, 404 también es el número con el que en la internet se identifica el error que ocurre cuando una computadora se comunica con un servidor y no encuentra allí lo que está buscando.
ESE DECRETO ejecutivo creó un “comité nacional de supervisión y monitoreo de los albergues”, presidido por la directora de la Senniaf. Se supone hay comités locales en cada provincia. La existencia del comité nacional parece tan imaginaria como la del cuco, porque ni siquiera fue documentada en el informe de las tres diputadas que investigaron los abusos en los albergues. A estas alturas, ni siquiera se sabe si el comité tiene fondos, estructura y personal. De hecho, un resumen del informe de las diputadas dice que nadie supervisa nada. Hay albergues que funcionan sin permiso -pero reciben puntualmente el subsidio mensual de $50 mil- y otros que operan sin que el Mides tenga siquiera conocimiento. No hay protocolos de abordaje de situaciones, ni manuales de intervención, diagnósticos y evaluación, para los 942 niños y adolescentes que están en los albergues. Los pocos funcionarios que atienden estas instalaciones, lo hacen sobre la base de su experiencia y conocimiento personal. Esto -según el informe de la subcomisión legislativa- “demuestra el debilitamiento institucional de Senniaf”. No hace falta ser muy adulto para darse cuenta de que la necesidad de atender urgentemente estos problemas no es cosa de niños.