ESTA SEMANA, antes de que un gallo cantara dos veces, la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, dio tres versiones distintas sobre el pretendido retorno gradual a las aulas. El pasado lunes 5 de abril, el mismo día que inició la vacunación a docentes en el circuito 8-6, la ministra anunció que las clases semipresenciales comenzarían el 12 de abril, de manera “progresiva, escalonada, contextualizada y con todas las normas de bioseguridad”. Parece, sin embargo, que la ministra no estaba tan biosegura de lo que estaba diciendo. Tan solo un día después, en la Asamblea, advirtió que la medida sería aplicable solo en 427 centros oficiales, lo que representa apenas el 10% de las escuelas públicas del país. Cuando los diputados indicaron a la ministra que la población había entendido otra cosa y que era necesario aclarar el verdadero alcance del retorno a las aulas, ella se excusó diciendo que, un día antes, cuando ofreció aquellas declaraciones, “estaba muy emocionada”. Los docentes, que ya hacían fila para vacunarse en los circuitos 8-1, 8-6 y 8-10, advirtieron que con inmunización o sin ella no tienen intención de regresar a las escuelas. La mala nota, finalmente, se la ganó el Meduca el pasado jueves 8 de abril, cuando comunicó que ya no habría retorno a las aulas a partir del 12 de este mes, sino que ese día supuestamente iniciarán las evaluaciones con el Minsa, para la posible implementación de la modalidad híbrida en las escuelas públicas. Aquí lo que sí parecen muy híbrida es la improvisación.
LA FISCALÍA Especial Anticorrupción del caso Odebrecht no podrá incluir los detalles que habría podido aportar al caso el exintendente de la contratista en Panamá André Rabello en la vista fiscal de la investigación seguida a la constructora por presunto peculado en el proyecto de saneamiento de la bahía. Se supone que Rabello colabora en virtud de un acuerdo pactado y validado en noviembre de 2017. Sin embargo, desde septiembre de 2020, aproximadamente, la fiscalía aguarda una asistencia judicial solicitada a las autoridades brasileñas que, entre otros aspectos, incluye una declaración de Rabello. El exintendente ya ha revelado la forma en que condujo las gestiones referentes al proyecto de saneamiento, en aquellos días en que la locura era la que regía nuestros destinos como país. Entonces, si nuestras autoridades están cumpliendo el acuerdo de colaboración aún vigente, ¿por qué el exmejor amigo de un buen par de nuestros expresidentes no está disponible para atender a la fiscal? No se sabe cómo aquí pudimos aceptar un acuerdo que fuera más disfuncional que los contratos que causaron tanto daño a nuestro erario público, pero pareciera que fue redactado por una de las mentes que maquinó aquellos pliegos de cargos de las licitaciones hechas como una camisa a la medida de Odebrecht. Obrigada!


