ESTA SEMANA, el MOP comunicó finalmente los cambios al proyecto del “corredor de las playa”. El tramo 1 (por el que ya se habían desembolsado $67 millones) fue “reformulado”: la ampliación original de 32 km quedó reducida a un viaducto de 6 km, de La Espiga a Los Calderones. Con esto, bien podrían ahora cambiarle el nombre al proyecto, porque quién sabe cuántas “playas” hay en la nueva ruta. En cuanto al tramo 2, el mismo fue pospuesto: no hay fecha para su construcción, pero el contratista cobrará $14.6 millones por entregar los estudios y el diseño. La explicación que ha dado el MOP para justificar estas decisiones, es que para la adquisición de servidumbre y reubicación de servicios públicos se presupuestaron $59.5 millones, pero el costo real es de $240 millones. No se sabe cómo ha reaccionado el contratista de la obra (nada menos que FCC, asociada con Cicsa), pero ojalá no ocurra como con los del consorcio Panamá Cuarto Puente, que ya fueron a la Corte a poner una demanda (aunque ésta solo fuera con motivo de una multa, por ahora...). Lo cierto es que dos años y una pandemia después, seguimos sin corredor de playas, sin Cuarto Puente, sin línea 3 y sin túnel.
COMUNICADO. Corredor de las playas: Reformulando el proyecto para viabilizarlo pic.twitter.com/svh0ScPysK
— Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) May 6, 2021
EN 2016, la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) divulgó la norma técnica ISO 37001, que constituye la primera certificación global antisoborno. Panamá adoptó oficialmente la norma, mediante la resolución del Mici del 25 de febrero de 2021. El reconocimiento e implementación del ISO 37001 le da la oportunidad a las organizaciones de abordar la corrupción con un conjunto de controles y políticas aplicables no solo internamente, sino en forma extendida a sus partes interesadas: directores, proveedores, colaboradores, etc… Muchas empresas han salido a la caza de este sello por diferentes motivos. Algunos por un genuino interés de hacer negocios como se debe y otros, más convenientes, para disminuir su evaluación de riesgo y obtener financiamientos más cómodos, bonificaciones en los puntajes de licitaciones e, incluso, reducción de penas por actos de corrupción. La más célebre sujeción a esas normas la ha revelado en los últimos días OEC, que no es otra cosa que las siglas de Odebrecht Ingeniería & Construcción. El sistema de gestión antisoborno implementado por la empresa tras protagonizar el mayor escándalo de corrupción de la región, ha sido auditado por QMS Certification Services y es válido por 3 años. Aunque esto parece un paso en la dirección correcta, no significa que hay garantías de que se han erradicado las malas prácticas y la posibilidad de corrupción. Por ejemplo, un mensaje muy confuso y probablemente contrario al compromiso recién adquirido con ISO, es que habiendo pactado un acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción, ahora no cumplan oportunamente con el pago de las multas pactadas y que son las que le permiten seguir “pasando por go y cobrar $200”. Otra acción incongruente sería que se reserven información clave sobre actos de corrupción aún no investigados y, más importante, sus verdaderos beneficiados. ¿Por qué todavía tenemos que navegar entre águilas, cachazas y otras especies eufemísticas, en lugar de decir, con pelos y señales, quiénes fueron todos sus cómplices en Panamá?
