En materia de alimentación y engorde del ganado en épocas de sequía, Panamá ha tenido sus logros. En 2015, el Mida propuso la melurea, que no era otra cosa que un suplemento de melaza y urea. Con esto, hubo resultados que favorecieron a dos vertientes. Por un lado, los ingenios azucareros vieron un nuevo modo de utilizar un subproducto de la caña de azúcar, y por el otro, se aprovechó un fertilizante agrícola para obtener buenos resultados en nutrición animal. Pero el de la melurea no es el único ejercicio de esa clase. En Panamá somos tan, pero tan innovadores, que logramos replicar esa experiencia hasta en el campo de la administración pública.
LA PLANILLA estatal, cual ganadería en época normal de lluvias, tuvo un crecimiento mayoritariamente sostenido en la última década. En 2010, había 181,414 servidores públicos y en 2020, eran 242,240, es decir, la planilla creció un 33.5% en una década, según informes de la Contraloría General. No obstante, el aumento en cantidad de funcionarios no ha sido siempre congruente con el gasto en salarios: hace 10 años, la planilla representaba un desembolso anual de $1,750 millones en sueldos brutos y, en 2020, ese gasto fue de $4,441 millones, reflejando un insólito incremento de 154%. Una cifra récord, en un país con poco más de 4 millones de habitantes.
PERO ESE proceso no se surtió de la noche a la mañana. Como en todo buen verano, primero hubo días de sol y agradable brisa, en los que el incremento anual del gasto oscilaba entre 9% a 11%. Irónicamente, los primeros síntomas de engorde desmesurado de la planilla estatal a causa de la inyección masiva de “melaza” económica se dejaron sentir en 2016, cuando nuestra economía ya comenzaba a sufrir altas temperaturas. Como si fuera una onda de calor de la temporada, ese año se sumaron 8,698 nuevos funcionarios, alcanzando un total de 230,823 personas. Pero la ciencia política no está exenta de fenómenos extraordinarios. Del mismo modo en que la meteorología tiene a El Niño, la administración del Estado tiene el suyo. Así vemos como en el primer año y medio del gobierno actual, hubo una reducción (¡reducción!) en la cantidad de emplanillados: de 242,374 funcionarios en 2019 a 242,240 un año después. Pero aun con 134 personas menos, el gasto aumentó en 6.4%: de $4,173 millones en 2019 pasó a $4,441 millones en 2020. Es decir que se está pagando más, con menos trabajadores. Como no recordamos que en este periodo se haya dado un aumento general de salarios en el gobierno, tendremos que fiarnos de lo que dijo el ahora preocupado ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, en su última intervención en la Asamblea Nacional, el pasado 5 de mayo, cuando advirtió de que el aumento, más allá de la contratación de personal, se debe a los ajustes (en plena pandemia respiratoria) que se han hecho en atención a leyes especiales a favor de los docentes, los policías, etc., etc… Y pensar que todavía hay enfermeras que trabajan en el sector público, sin cobrar.
¿SERÁ QUE ahora se gasta mucho más “melaza” en el engorde de menos billeteras? O es que los bolsillos de unos cuantos están llenándose a reventar en detrimento de los demás.
