El pasado jueves, en su informe a la nación, el presidente Laurentino Cortizo habló de la extensión del contrato de Panama Ports Company (PPC). Era la primera vez que se refería públicamente a ese tema, y lo hizo de forma escueta y sorprendente: aparentemente no había nada que renegociar porque, según Cortizo, esa prórroga es “automática”, por 25 años adicionales, condicionado únicamente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, por parte de la empresa. “En ese sentido, por ley, es la Contraloría General de la República, con su equipo de auditores, la entidad responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos con la Nación, y la auditoría de la Contraloría concluyó que, efectivamente, se habían cumplido las cláusulas del contrato”, dijo Cortizo. Visto de ese modo, para el Ejecutivo, después de 25 años y pese a las nuevas realidades (un Canal ampliado, con un nuevo juego de esclusas), no había oportunidad de renegociar nada. Cabe preguntarse, entonces, qué hizo la junta directiva de la AMP del 27 de mayo al 23 de junio, cuando estuvo en “sesión permanente” discutiendo sobre la continuidad de la concesión a favor de PPC, si ahora resulta que esa renovación ya estaba garantizada, puesto que es “automática”. Algo tenían que estar haciendo ahí los miembros de la junta directiva, y no solo tomando café. Si desde el 4 de febrero, el contralor Gerardo Solís informó que PPC había cumplido, ¿por qué tardaron cuatro meses y medio en formalizar la prórroga? ¿Acaso era más divertido hacerle creer a la población que estaban velando por los mejores intereses del país? El contralor (que de tonto no tiene una hebra) debía anticipar que, en algún momento, el Ejecutivo podría agarrarlo de trapo para limpiarse la cara, porque aquel 4 de febrero recomendó aumentar la tarifa por movimiento de contenedores, así sea por la vía de una adenda al contrato ley. Esa parte no la dijo Cortizo en su informe a la nación. Tampoco han explicado por qué la empresa dejó de pagar los dividendos que le correspondían al Estado por su participación accionaria de 10%, pero buenamente apareció el 21 de mayo con dos cheques, con aportes por $150 millones. Cuatro días después, la directiva de la AMP se encerró en sesión permanente. A juzgar por el resultado, estaban viendo cómo no modificar el contrato.
PROBABLEMENTE no se pueda afirmar que se hizo algo al margen de la ley, pero, ¿estuvo el país bien representado en esta renegociación? ¿Dónde están las actas de la junta directiva de la AMP en las que conste, por escrito, qué fue lo que pasó? Algo muy turbio debe haber ahí, porque el vicepresidente de la República y presidente de la AMP, José Gabriel Carrizo, se abstuvo de firmar la resolución en la que se avala la vigencia del contrato, hasta el año 2047, y en su lugar mandó al viceministro de la Presidencia, Carlos García. De paso, ha transcurrido más de una semana desde que la entidad comunicara su decisión, pero todavía ni siquiera se sabe quiénes fueron los otros actores que participaron y apoyaron, con su firma, esa decisión. ¿Qué están escondiendo? Al final, se sentaron por un mes con una empresa, y ni siquiera aplicaron la tasa de inflación. Parece que, en 25 años, no hemos aprendido nada.
