Activistas en favor de los derechos humanos, abogadas, feministas y politólogas tildan de “absurdo” y de “falta de respeto” a las mujeres, el hecho de que la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez, use la figura de la violencia de género como argumento para querellar a un comunicador que la cuestionó por sus actuaciones con un cliente.
Critican que la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria, a cargo de David Villarreal, aplicara una medida de alejamiento al comunicador Mauricio Valenzuela dentro de la querella presentada por la diputada. “No es violencia de género, no es violencia contra la mujer. La medida de protección, si es cierto que se la otorgaron, es improcedente. Esta HD es una agresora institucional, arremete para callar, usa toda su arrogancia, poder e inmunidad para hacer daño, indignante”, aseguró Joyce Araujo, activista pro derechos humanos en su cuenta de Twitter.
En términos similares opinó la constitucionalista Ana Sánchez, en la misma red social: “Absurdo y una falta de respeto a las mujeres que sí sufren violencia de género”.
Mientras, Olga De Obaldía, de la Fundación para la Libertad Ciudadana, aseguró que el hostigamiento judicial a la libertad de expresión y al periodismo es la nueva mordaza.
La querella surgió luego de que Valenzuela reportara en el medio digital Foco, que el mexicano José Luis Penagos acusa a la diputada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) de haberlo despojado de varios kilos de oro que le fueron decomisados por la Autoridad Nacional de Aduanas en 2009.
En tanto, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) señaló ayer en un comunicado que observa con preocupación el “creciente abuso del sistema judicial para intentar limitar los derechos de acceso a la información y expresión en Panamá”.
Agrega que en esta ocasión el concepto de violencia de género se convirtió en una artimaña jurídica para generar censura e intimidación.
Recordaron, además, que todo servidor público está obligado a rendir cuentas por sus actuaciones y advirtieron que estarán vigilantes para que las autoridades no permitan que se abuse del sistema judicial.
