La Cámara de Comercio e Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) ponderó la elección de la nueva junta directiva de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como una oportunidad para hacer de las administración de justicia un sistema oportuno, imparcial y eficaz.
En un comunicado hecho público ayer, la junta directiva de la CCIAP, dirigida por José Ramón Icaza, aseguró que a nueva directiva, compuesta por los magistrados María Eugenia López, Olmedo Arrocha y Carlos Vásquez, trae una luz de esperanza, no solo por sus respectivas trayectorias, sino también porque el presidente de la República, Lauretino Cortizo, anunció el otorgamiento de recursos adicionales para mejorar la administración de justicia.
La CCIAP plantea, además, que este hecho, sumado a la entrada de dos nuevas magistradas (María Cristina Chen Stanziola y Miriam Yadira Cheng Rosas), se da en un momento de institucionalidad debilitada por una generalizada percepción de impunidad. Esa imagen, agrega, deriva en la permanencia del país en las listas grises y en la merma de la inversión extranjera directa, necesaria para la reactivación económica.
Las movidas de María Eugenia López Arias
Una de las primeras acciones de la nueva directiva de la Corte fue declarar vacantes los cargos de 175 jueces de garantía, de juicio y de cumplimiento del Sistema Penal Acusatorio (SPA), como parte de la implementación de la carrera judicial.
Los puestos que se declararon vacantes están ocupados interinamente y el propósito es que se haga un proceso sistemático de reclutamiento y selección por méritos y competencias.
Los jueces interinos deberán permanecer en sus cargos hasta la celebración de los concursos de selección.
La Corte también tiene pendientes los concursos para la selección de los magistrados del Tribunal de Integridad y Transparencia, que se encarga del trámite de los procesos a los jueces por faltas a la ética contemplados en la Ley 53 del 27 de agosto de 2015, que regula la carrera judicial.
El pasado 11 de diciembre la Corte suspendió las entrevistas de los aspirantes a los cargos de magistrado especial y magistrado investigador del Tribunal de Integridad y Transparencia. No se pudieron hacer porque algunos miembros del pleno no pudieron asistir. Hasta ahora no se ha informado de la nueva fecha.
El 23 de enero de 2020, la Corte aprobó la declaratoria de vacantes para tres magistrados y sus seis suplentes; un magistrado de la Unidad Especial de Investigación y sus dos suplentes; y dos defensores públicos, para el Tribunal Especial de Integridad y Transparencia.
Las últimas administraciones de la Corte han aducido que la falta de recursos es la principal causa de la mora en implementar la carrera judicial.
Para 2022, el Judicial cuenta con un presupuesto de $205.6 millones y Cortizo anunció hace poco una partida de $15 millones para la carrera judicial.
