El exdiputado Rubén De León sacó sus cartas ayer en medio del caso que le sigue el Ministerio Público por supuestas irregularidades en planillas y contratos de la Asamblea Nacional.
Si bien no estuvo presente ayer en la audiencia de garantías que solicitó, su defensa notificó que interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que defina quién tiene la competencia del proceso: el Ministerio Público o la máxima corporación de justicia, luego de que De León resultó electo el pasado 5 de mayo como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en la lista del oficialista Partido Revolucionario Democrático.
“Vamos a esperar qué dice la Corte. Nosotros estamos convencidos y la fiscalía también está convencida de la de ella (...)”, dijo Roberto Moreno, del equipo de abogados de De León.
Por la fiscalía anticorrupción participaron las fiscales Zuleyka Moore, Ruth Morcillo y Tania Sterling.
Ruth Aizpú, jueza de garantías, ayer no tomó una decisión sobre el caso y no lo hará hasta que se resuelva la acción legal que fue presentada ante la Corte.
El proceso que se le sigue al exdiputado se deriva de información aportada por la Contraloría General de la República sobre el manejo supuestamente irregular de las distintas planillas de la Asamblea Nacional.
En la misma audiencia de ayer también se abordó una solicitud de la defensa de Rubiela Pitano, mencionada en el caso. Sus abogados advirtieron que se violó el debido proceso tras publicaciones en los medios de comunicación en las que se mencionó su caso. La jueza desestimó esta tesis. Pitano habría sido intermediaria de De León para distribuir fondos de las planillas.
La fiscalía hace diligencia para determinar si en este caso se cometieron delitos contra la administración pública y contra la fe pública. Para el 6 de agosto fue programada la audiencia de imputación de cargos.