Ricardo Martinelli despide su administración con una concesión más ligada a sus compinches y miembros de su círculo de poder.
A menos de tres semanas de terminar su mandato, el Presidente saliente se reunió con el Gabinete en pleno para tomar decisiones que le eran prioritarias. Entre esas estaba la aprobación de un acuerdo entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y Vertikal Corporation Inc., con el cual se blinda un negocio durante 20 años.
El pasado martes la AMP obtuvo el aval del Gabinete para aprobarle a Vertikal el uso de un fondo de mar de 4.5 hectáreas con ribera de río en el humedal bahía de Panamá.
Esta concesión, vigente por dos décadas, era el último permiso que necesitaba Vertikal para hacer efectivo el suministro de combustible a los aviones que utilizan el aeropuerto internacional de Tocumen.
El plan de la empresa consiste en atracar una barcaza en la bahía de Panamá, la cual se conectará con tuberías soterradas que llegan hasta la terminal aérea.
Para amarrar la operación, a finales de 2013, Frank De Lima, ministro de Economía y presidente de la directiva de Tocumen, S.A., había aprobado otra concesión que le permite a Vertikal explotar una extensión de 10 hectáreas por las que pasarán las tuberías de combustible.
Este contrato ya fue refrendado el 2 de septiembre de 2013 por la contralora de la República, Gioconda Torres de Bianchini, aunque hasta ahora se conocen los planes de la compañía, se descubren los riesgos ambientales detrás de la operación, y se destapan los personajes cercanos al negocio.
El sello Btesh y Virzi
El representante legal de la empresa es Lucas De León, empleado del grupo inmobiliario Btesh & Virzi, propiedad de Gabriel Btesh y Felipe Pipo Virzi.
De León se comprometió a invertir 35 millones de dólares en el proyecto de Vertikal, un plan ambicioso, por no decir riesgoso, al tratarse de un empleado de la división de proyectos de la firma Btesh & Virzi.
La relación de Btesh y Virzi con Martinelli es bastante conocida por el país. Ambos empresarios se han beneficiado con millonarios contratos hidroeléctricos y son miembros del “círculo cero” del mandatario.
Aunque su nombre no suele aparecer en los contratos y concesiones pactados con el Estado, Btesh se ha convertido en uno de los empresarios mejor conectados con la administración Martinelli.
No es la primera vez que la junta directiva de Tocumen, S.A. favorece con concesiones directas a varias compañías cuyos miembros están vinculados con Btesh.
Oasis Global Group, por ejemplo, logró una concesión por 10 años prorrogables para la explotación comercial de tiendas de conveniencia para la venta de periódicos, revistas, libros, souvenirs y chocolates en la terminal aérea.
Cuando se firmó el contrato, la empresa estaba presidida por Matilde Valeria De León, partícipe en la directiva de más de 20 empresas con Ailedsabel González, la abogada de la inmobiliaria Btesh & Virzi que hizo la inscripción del polémico relleno de Paitilla ante el Registro Público.
En ese entonces, tanto Matilde De León como González trabajaban para la inmobiliaria Btesh & Virzi.
Otro caso de iguales características: la abogada González figuró como una de las suscriptoras de la sociedad Grand Bell International, otra beneficiada por Tocumen, S.A. con una concesión directa de 20 años a cambio de construir galeras comerciales.
La nueva contratación directa de Tocumen, S.A. concedida a Vertikal alertó al presidente electo Juan Carlos Varela. Advirtió hace dos días que se trataba de una concesión por 4.5 hectáreas “para negocios de personas allegadas al presidente [Ricardo Martinelli]”.
En una entrevista en Radio Panamá dijo que “todo el país sabe que son manejos poco transparentes en el área del aeropuerto de Tocumen [...]”.
riesgos ambientales
Los ambientalistas también encendieron las alertas y hablaron del riesgo que representa este proyecto para la vida humana y la fauna de la zona.
Consideran que el proyecto es “inoportuno” e “incompatible” con los humedales que están en el área protegida de la bahía de Panamá.
Harley Mitchell hijo, exdirector de Legal de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), está convencido de que colocar tanques para almacenar hidrocarburos constituye “un riesgo de contaminación e incendios”.
El estudio de impacto ambiental (EIA) entregado a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) reconoce en el proyecto una longitud estimada de 10 mil 723 metros, de los cuales 5 mil 704 metros atraviesan el refugio de vida silvestre humedal de importancia internacional bahía de Panamá (en superficie marina y terrestre).
El proyecto se divide en las etapas de planificación, construcción y operación, y provocará afectaciones en la cobertura vegetal, y erosionará y alterará la fauna (en el desmonte de la vegetación).
El área de influencia de impacto ambiental por el proyecto abarca una superficie de 45 mil 547 metros cuadrados.
Entre los perjuicios ambientales destacan la contaminación del suelo, que se podría dar por el vertido accidental de residuos o fuga de hidrocarburos y otras sustancias, o la erosión ocasionada por los trabajos de desbroce y de preparación del área donde se construirán las infraestructuras.
Pese todos estos riesgos, el EIA señala que Vertikal solo tiene 17 mil 567 dólares para el plan de prevención de desastres.
La dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la Anam consideró que el despacho de combustible “no debe impactar significativamente las áreas señaladas”. El 12 de diciembre de 2013 emitió una carta que autoriza a Vertikal para iniciar operaciones en la bahía de Panamá.
Uno de los requisitos exigidos a la empresa para obtener la aprobación del EIA consistía en hacer consultas públicas que determinaran si la comunidad estaba o no de acuerdo con el plan.
En este proceso, Vertikal solo consultó a 50 residentes en el corregimiento de Tocumen, en la provincia de Panamá, cuando el total supera los 74 mil 952 habitantes. Encuestas tan rápidas como el modelo de contratación de la empresa seleccionada sin concurso alguno.
La Corte Suprema de Justicia suspendió ayer la discusión, en primer debate, del proyecto de ley que pretende reducir los límites del área protegida humedal bahía de Panamá. Un fallo que tuvo como ponente al magistrado Víctor Benavides suspendió el primer debate del proyecto que era tratado en la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional que preside Hernán Delgado.
La decisión de Benavides se dio al admitir un recurso de amparo de garantías interpuesto esta misma semana por el abogado ambientalista Félix Wing. Además de la suspensión y admisión del amparo, Benavides solicitó a la citada comisión de la Asamblea, un informe de lo actuado en la aprobación del primer debate del proyecto.
En el fallo, Benavides argumenta que se accedió a la suspensión porque existe un riesgo grave e inminente de que se alteren, modifiquen o disminuyan los límites del humedal bahía de Panamá, en oposición a compromisos legales y constitucionales adquiridos por el país con la convención Ramsar. “Es indispensable ponderar la posible afectación a los derechos fundamentales con respecto al principio de precaución ambiental”, dijo Benavides. La suspensión del proyecto se da hasta que se resuelva el amparo de garantías. La Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial dio a conocer ayer el fallo. Delgado confirmó que la Corte le remitió la decisión.
Rubén Polanco