ANÁLISIS

Caso FCC, al borde del precipicio procesal

Caso FCC, al borde del precipicio procesal
El caso guarda relación con el contrato para la construcción del tramo II del corredor Vía Brasil. Archivo

Un fallo del Segundo Tribunal Superior, de ocho páginas y firmado por dos magistradas suplentes especiales y un secretario judicial encargado, anula todo lo efectuado en el caso FCC desde el 24 de octubre de 2019 hasta la fecha de dicha sentencia.

La causal es técnica: falta de competencia de un juzgado, porque otro de igual jerarquía iba a analizar si debía acumular todos los casos de FCC.

Este caso se sigue, según las reglas del sistema inquisitivo mixto (Código Judicial) y de la Ley 121 de 2013.

El análisis jurídico de la magistrada Alina Hubiedo es impecable. Se trata de una operación quirúrgica que exige la constatación de fechas contra diligencias.

Es imponderable e irrelevante si el asunto fue un error del Juzgado Undécimo Penal o si fue una viveza del Juzgado Decimoquinto Penal, este último a cargo del juez Leslie Loaiza.

Lo cierto es que el abogado de una de las partes pidió a Loaiza, quien conoce otro caso de FCC, que acumulara los expedientes, pero Loaiza declinó hacerlo el 30 de diciembre de 2019. Sin embargo, el Juzgado Undécimo había declarado el caso como una causa compleja el 6 de diciembre de 2019.

Lea aquí: Juez Loaiza le da la razón a la fiscalía y no acumula casos de Suárez

Este trámite era necesario, porque había que introducir las diligencias que la Audiencia Nacional de España realizaba desde el 1 de noviembre de 2019 y que, por consiguiente, estaban generando acuerdos de colaboración y otras evidencias para el caso Panamá. El fallo del Segundo Tribunal tira todo esto a la basura.

El artículo 727 del Código Judicial es claro y obligaba a la suspensión de los trámites en el Juzgado XI. De esto no hay escapatoria, pero la Ley 121 de 2013 es un régimen procesal complementario al Código Judicial y al Código Procesal Penal. Y como es una ley posterior a ambos, establece un principio procesal especial en las causas de tramitación compleja.

El artículo 3 de esta ley crea un blindaje a los casos de tramitación compleja, ya que solo permite que la declaratoria de causa compleja sea apelada por la fiscalía si fuera negada. Este régimen autónomo es derivado de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En otras palabras, el control convencional de esta tramitación protege las diligencias efectuadas por la fiscalía, sobre todo si esta no fue la causante de la nulidad.

Además, en el fallo del Segundo Tribunal se reconoce que no se enviaron todos los tomos del caso FCC del Juzgado XI al Juzgado XV, porque varios de estos estaban bajo reserva de confidencialidad. Esto deja claro que Loaiza sabía que el Ministerio Público (MP) tenía parte del expediente, que no era de su conocimiento y, por lo tanto, no podía tomar una decisión, aunque fuera negando la acumulación, porque, precisamente, los tomos en reserva demostraban que el MP seguía trabajando.

Ahora, el único recurso que queda es que el pleno de la Corte Suprema de Justicia decida, por vía de un amparo, que no hay que anular una parte esencial del caso FCC.

Una decisión desfavorable haría inútiles todas las evidencias conseguidas en España y produciría, inevitablemente, más impunidad.

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