El caso Odebrecht enfrenta la etapa final de sus investigaciones. La Fiscalía Especial Anticorrupción, que ha sido la encargada de rastrear la red de empresas fantasmas y cuentas bancarias que conformaron el corazón de la multimillonaria causa, se encuentra ahora con un ataque frontal a su principal fiscal, Tania Sterling, quien ordenó la indagatoria en junio pasado del expresidente de la República Ricardo Martinelli. Semanas antes, la fiscal Zuleyka Moore fue apartada del caso por el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa.
La andanada de acciones judiciales contra Sterling dejó la indagatoria del expresidente y magnate de los supermercados en manos de la recién llegada fiscal Azucena Aizpurúa. Mientras Suiza y Estados Unidos avanzan con el caso, Panamá nuevamente genera dudas.
Una fiscalía a la carta
La persecución de los delitos es una actividad complicada que requiere de especialización y, por supuesto, de mucha experiencia en la temática.
Así, no es lo mismo investigar hurtos pecuarios, que el robo de identidad, u otro delito informático. Tampoco son intercambiables los delitos comunes por aquellas operaciones sofisticadas de blanqueo de capitales.
El caso Odebrecht es, sin lugar a dudas, la investigación más compleja jamás realizada por el Ministerio Público. Incluye el rastreo de transacciones en múltiples jurisdicciones y, por lo tanto, la traducción de documentos en portugués, inglés, alemán y posiblemente otros idiomas. Además, la cantidad de imputados, testigos y peritos, junto a los documentos que deben ser analizados, requiere de un claro entendimiento del caso y su evolución.
Mientras el caso Odebrecht en Panamá ha tenido todo tipo de tropiezos, lo revelado el pasado 27 de julio por la fiscal asistente Julia Nestor, de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, expone que la investigación que involucra a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares y otras 12 personas requirió de la cooperación de cuatro jurisdicciones y de tres años para compilar documentos y testimonios.
La Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público fue diseñada originalmente como un despacho con múltiples cabezas, entre las que estaban las más conocidas: Tania Sterling, Zuleyka Moore, Ruth Morcillo y Vielka Broce. Este equipo se cohesionó alrededor de la investigación del caso más grande de corrupción conocido por la justicia panameña.
Empieza el relevo
Aunque la fiscal Broce, con anterioridad, se acogió a la jubilación, el equipo recibió una sacudida fuerte cuando en febrero de este año, el nuevo procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, incorporó a la Fiscalía Especial Anticorrupción a dos novatas: Anilú Batista y Azucena Aizpurúa. Unos meses más tarde, en medio de la pandemia, el procurador Ulloa hizo una rotación, sacando a la fiscal Moore de la Fiscalía Especial Anticorrupción, y al fiscal Aurelio Vásquez, que era el encargado de las pesquisas en los sonados casos Blue Apple y el de los pinchazos; se le trasladó a una fiscalía de familia.
En el caso Blue Apple se usó una metodología de cobros de sobreprecios y lavado de las coimas muy parecida a las del caso Odebrecht. Mientras que en la etapa procesal actual del caso de los pinchazos, pendiente de un recurso de anulación y otro de casasión, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia bien podría someter a escrutinio el fallo del Tribunal de Juicio del 26 de agosto de 2019, que declaró al expresidente Ricardo Martinelli como “no culpable”. Sin el fiscal Vásquez, ambos casos quedan debilitados.
Recusación a la panameña
El 30 de junio de 2020, la fiscal Tania Sterling ordenó la indagatoria del expresidente Martinelli por presunto blanqueo de capitales vinculado al caso Odebrecht. Sterling, una reconocida jurista dentro del Ministerio Público, fue atacada en las redes sociales, y a la vez fue objeto de múltiples acciones judiciales: Dos querellas penales que reclaman 10 millones de dólares por daños y perjuicios; dos recusaciones ante el Juzgado Décimosegundo de Circuito Ramo Penal, por desconocer la incapacidad médica del exmandatario y por haber participado en la preparación de su extradición de Estados Unidos a Panamá; se presentó una queja al procurador Ulloa contra Sterling, y se interpuso una advertencia de inconstitucionalidad contra su actuación, alegando que el expresidente de la República está amparado por el principio de especialidad.
En el sistema inquisitivo mixto, que es bajo el cual se desarrola el caso Odebrecht, las recusaciones deben ser resueltas por el tribunal que conoce el caso, es decir, el Juzgado Décimosegundo de Circuito Ramo Penal, dirigido por el juez Óscar Carrasquilla. La Prensa pudo conocer que existe documentación que probaría que la fiscal Sterling no particpó en la preparación de la extradición del expresidente Martinelli, lo que teóricamente podría liberarla de la recusación. En cuanto a la advertencia de inconstitucionalidad, las normas establecen que este recurso no detiene los procesos, salvo en la etapa de sentencia, y eso le correspondería al juez de la causa.
De todas formas, la hoja de ruta procesal de Sterling seguiría minada por querellas penales, la queja disciplinaria, y por la amenaza velada pregonada públicamente, de que se le secuestrarían los salarios a aquellos funcionarios del Ministerio Público inconvenientes para un investigado de alto perfil.
Esto despejó el camino a la fiscal Azucena Aizpurúa, una de las dos que recientemente fue nombrada por el procurador Ulloa. Aunque la fiscal Aizpurúa recibió para indagatoria, en su despacho, al expresidente Martinelli, este se acogió a la garantía constitucional del artículo 25. Aizpurúa dictó una medida cautelar, y por el momento es la portaestandarte del Ministerio Público, en el caso más complejo de la historia del país, y frente a uno de los empresarios más poderosos de Panamá.
