El caso Odebrecht, icónica investigación que le sigue la pista a los millonarios sobornos que pagó la constructora brasileña en Panamá para adjudicarse obras públicas, quedará radicado en el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez.
Así lo dio a entender la magistrada María Eugenia López Arias, en su calidad de presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora del proceso de liquidación del sistema inquisitivo mixto.
En un comunicado hecho público la tarde del pasado miércoles, López explicó que la programación de cierre de los juzgados quedó establecida en el acuerdo del pleno de la Corte 551 del 10 de octubre de 2016, modificada a través los acuerdos 354 del 16 de agosto de 2017, 32 del 18 de enero de 2018, 89 del 6 de febrero de 2020 y 322 del 13 de agosto de 2020. Este último, dijo, dispone que algunos juzgados pueden liquidarse antes de las fechas planificadas.
El acuerdo 322 del 13 de agosto indica que el Juzgado Duodécimo Penal, que lleva el caso Odebrecht, cerrará el 30 de septiembre. No obstante, López aseguró que se respetará la especialidad de los casos y adelantó que el Juzgado Tercero Liquidador (antes Juzgado Decimoctavo Penal) atenderá las investigaciones relativas a los delitos de blanqueo de capitales, y que ya fue constituido para tramitar este tipo de procesos.
¿Quién es?
De paso, López alabó la hoja de vida y las competencias de la jueza Marquínez. Manifestó, por ejemplo, que tiene “vasta experiencia” del juzgado encargado del conocimiento de delitos financieros y de blanqueo de capitales y “amplia preparación y formación” en estos temas debido a su “constante actualización”.
También destacó su preparación en “los casos complejos y de corrupción”.
Marquínez se ha encargado de los casos Blue Apple, New Business, Petro Ecuador, Mossack Fonseca y Federación Panameña de Fútbol.
Del caso
El expediente del caso Odebrecht, que contiene 1,067 tomos de investigación y 86 personas imputadas, ha sido responsabilidad del juez Óscar Carrasquilla.
Durante su tramitación, Carrasquilla validó unos 13 acuerdos de colaboración y pena que fueron tramitados a petición de la Fiscalía Especial Anticorrupción y de abogados de las partes. Entre ellos, figuran los alcanzados con los exejecutivos de Odebrecht André Rabello –exjefe de la filial en Panamá–, Olivio Rodrigues Junior y Luis Eduardo Soares.
En tanto, la fiscalía ha pedido 127 asistencias judiciales a diversas jurisdicciones en busca de información sobre el dinero movido a través de cuentas bancarias y sociedades.
La fiscalía tiene hasta la segunda semana de octubre para concluir la investigación, pero por cada 50 páginas del expediente se le concede un día adicional para trabajar la vista fiscal.
Si bien la fiscalía no podría realizar ningún acto de investigación vencido el término, esto le daría tiempo suficiente para desarrollar su vista y establecer las presuntas responsabilidades de los investigados como parte del proceso, que se inició en el año 2016.